El Consejo Consultivo de Andalucía respaldó ayer jurídicamente la proposición de ley sobre la delegación de competencias del Guadalquivir que el Parlamento andaluz planteará al próximo Congreso de los Diputados. En su reunión, el pleno dictaminó que dicha proposición resulta "ajustada al ordenamiento constitucional", aunque contó con tres votos particulares en contra y una abstención. La Junta obtiene así la seguridad jurídica que pretendía antes de reclamar las competencias sobre las aguas que transcurren íntegramente por la comunidad.
Tras devolver Andalucía el 100% de las competencias al Estado, al haber anulado el Tribunal Constitucional el artículo del Estatuto de Autonomía que permitió el traspaso, el Parlamento quiso contar con un informe del Consultivo por la "especial trascendencia" de la iniciativa ahora planteada y que se basa en el artículo 150.2 de la Constitución.
El Consultivo cree que el Estado "debe retener y efectivamente retiene" las competencias normativas y un conjunto de facultades que pueden calificarse como de coordinación y control, así como repercusión extracomunitaria que "garantizan suficientemente la unidad de gestión de la cuenca". En cambio, puede sostenerse que "las demás facultades ejecutivas y sus inherentes posibilidades organizativas" pueden delegarse. El Consultivo avala la delegación, pero no "en bloque e incondicional", sino una que sea "respetuosa de los límites materiales deducibles de la jurisprudencia constitucional", que impide fragmentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión o los intereses supracomunitarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2011