Llevamos meses en los que se está situando en las comunidades autónomas el origen de buena parte de los problemas con los que tenemos que enfrentarnos desde que la crisis económica se nos echó encima con la intensidad con que lo ha hecho. La distribución del poder entre el Estado y 17 comunidades autónomas ha sido una suerte de lujo que nos hemos podido permitir mientras había prosperidad, pero que no podemos seguir manteniendo ahora que la prosperidad ha tocado a su fin. El déficit de las comunidades autónomas se ha convertido en un obstáculo insoportable para cumplir con el objetivo a que España se ha comprometido en la Unión Europea. Hay, en consecuencia, que proceder a una revisión de nuestra división territorial del poder, a fin de que dispongamos de una estructura del Estado que nos podamos permitir.
No puede dejar de llamar la atención, por tanto, que una vez que se ha puesto en marcha la campaña electoral, el tema de la insostenibilidad de nuestra distribución territorial del poder haya desparecido de la misma. Apenas si tuvo presencia en el debate televisado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Hubo una mención por parte del candidato del PSOE a la supresión de las diputaciones provinciales, a la que se opuso el candidato del PP y prácticamente nada más.
Y es obvio que, aunque es una propuesta que merece ser tomada en consideración, tiene una incidencia relativamente escasa sobre nuestra distribución territorial del poder. La instancia provincial es la menos significativa de las que integran nuestra fórmula de gobierno y no es de la decisión que se tome respecto de ella de donde podrá venir la solución al problema de la sostenibilidad o insostenibilidad de nuestra estructura del Estado.
El problema, si es que lo hay, únicamente puede estar en las comunidades autónomas. Se pueden suprimir las diputaciones y se puede reducir el número de municipios. Para la sostenibilidad económica de nuestro modelo territorial significan poco. Donde está el gasto es en las comunidades autónomas y es, en consecuencia, en el análisis de lo que hacen y de la racionalidad o no del coste económico de lo que hacen, en el que hay que centrarse, a fin de determinar si realmente podemos permitírnoslo o no.
Hasta la fecha no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho a estas alturas de la campaña electoral, ya no se va a hacer. Después de haber estado durante meses responsabilizando a las comunidades autónomas de un comportamiento irresponsable, por despilfarrador, resulta que ni se debate ni se hace una sola propuesta de calado para corregir la falta de responsabilidad de dichas administraciones públicas. Vamos a ir a votar el 20 N sin que sepamos qué es lo que puede ocurrir en un terreno tan vital en la próxima legislatura.
Estoy convencido de que el Estado español en todos los niveles de su actual fórmula de gobierno no va a poder ser el mismo en los años que viene. Ni en los niveles internos, estatal, autonómico, provincial y municipal. Ni en el nivel europeo. El terremoto que está suponiendo esta crisis es de tal magnitud, que nada va a ser igual una vez que hayamos conseguido dejarla atrás.
La gobernabilidad va a ser distinta en todos los países que constituyen la Unión Europea y en la propia Unión. Tanto los que comparten el euro como moneda como los que no la comparten. Para los países, como España, que tienen una experiencia muy breve de descentralización política interna, la adaptación al nuevo modelo es particularmente importante y difícil. No se puede guardar silencio sobre un tema tan decisivo. Es difícil, por no decir imposible, acertar sobre aquello sobre lo que no se ha reflexionado previamente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2011