La Consejería de Empleo ha confirmado la sanción de 150.000 euros que la Inspección de Trabajo propuso para sancionar la actitud de los dueños de la multinacional de componentes de automoción Visteon en su factoría de El Puerto de Santa María. La multa se justifica en la falta de ocupación efectiva de la fábrica, a pesar de que el Gobierno andaluz ha rechazado el Expediente de Regulación Empleo (ERE) presentado por la compañía y, por tanto, está obligada a mantener a los trabajadores y darles faena. Según los sindicatos, actualmente, solo hay trabajo para cinco personas de una plantilla de 396 operarios.
Inspección de Trabajo detectó la infracción de Visteon, considerada "muy grave", el pasado verano, cuando comprobó en varias visitas la denuncia de los trabajadores. No había nada que hacer en la planta. Faltaba material y muchas unidades estaban completamente paradas. Propuso la multa que ahora Empleo ratifica, justo una semana después de rechazar el ERE. "De una manera ilícita se ha dejado de dar ocupación a la plantilla. Se alega una situación de crisis e insolvencia que es absolutamente ficticia", sostiene el delegado de Empleo, Juan Bouza, quien defiende la medida de la Junta. "Tenemos que demostrar que actuar contra la legalidad tiene su respuesta por parte de la Administración y de la justicia".
Los trabajadores aseguran que la empresa adquiere material inservible
La sanción llega en un momento delicado para la plantilla. Tras el rechazo del ERE, los trabajadores regresaron a la factoría pero han comprobado que no existe faena para ellos. "Solo hay materia primera para que trabajen cinco", protesta el presidente del comité, Bartolomé Bruzón. Los sindicatos han denunciado ante el juzgado esta falta de ocupación y también la ausencia de un organigrama de dirección. También han detectado que la materia prima que les llega está "obsoleta", por lo que la producción que puedan hacer será inservible. "Nos tememos que lo que está haciendo la empresa es perder dinero para hacer de esta planta un recinto insolvente y así no tener que seguir pagándonos", alerta Bruzón. La última partida, de 104.00 euros, fue de un pedido de materiales que ya no sirven para fabricar las piezas actuales.
Los sindicatos con representación en la bahía de Cádiz reclamaron ayer el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que incumplan la legislación laboral, el desbloqueo de contratos públicos pendientes y que se impidan las deslocalizaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2011