Café para todos, en versión judicial. Lo que debía ser un macroproceso contra la mafia de proxenetas rumanos de la Ronda de Sant Antoni se ha saldado con la aceptación, por parte de más de 40 acusados, de penas mínimas. Las mismas para todos: dos años de cárcel y, en algunos casos, el pago de una indemnización para las explotadas. Solo uno de ellos ha aceptado cuatro años de cárcel y otros dos han sido absueltos.
A la fiscalía, las acusaciones particulares y los policías que investigaron el caso, la solución les deja un sabor agridulce. A costa de sacrificar mayores castigos para los jefes de los clanes -la mayoría evitará la prisión- obtienen una condena global que, de otro modo, creen que no lograrían.
El temor a que los testigos protegidos -mujeres que fueron explotadas y vejadas por la organización en el Raval hasta noviembre de 2006- se echasen atrás en el juicio oral ha forzado el acuerdo. "Algunas tienen ahora relaciones sentimentales con sus proxenetas. Otras son familiares. Las hay que son sobornadas y amenazadas. Esta gente tiene mucho poder y, además, ha pasado mucho tiempo", explican fuentes policiales. De las 26 testigos, solo 13 han sido localizadas. Y al menos cinco de ellas han expresado su deseo de renunciar a la indemnización.
La clave del caso son los testimonios de las prostitutas, que ante la policía relataron una larga serie de abusos. "Si eso fallaba, y era previsible que así fuera, lo demás se derrumbaba", sugieren esas fuentes. "Existía el riesgo de que la mayoría acabasen absueltos por las dificultades probatorias", concede Lidia Lajara, abogada de la acusación popular, que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona. "Ahora ya no parten de cero; a la próxima, pagarán", señala Àlex Solà, abogado de la acusación particular, que había pedido la condena por asociación ilícita.
Dentro de unos meses se celebrará un juicio por otra redada policial, en 2007, en el que varios de los implicados repetirán en el banquillo de los acusados. Lo curioso es que también estarán allí algunas testigos protegidas, pero en la condición de imputadas. "Se cambiaron de bando. La gente necesita comer. Es un mundo muy complicado...".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2011