El máximo imputado en el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, continúa haciendo equilibrios para justificar que el dinero que recibió de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio eran servicios de asesoría y no sobornos. El exasesor de urbanismo aseguró ayer durante el juicio que le contrataban de forma verbal, cobraba sus honorarios en efectivo y que no emitía facturas, tan solo recibos.
El supuesto cerebro de la trama corrupta insistió en que, como asesor, se comprometía a hacer convenios urbanísticos que fueran "asumidos" por el Ayuntamiento marbellí, pero que esto no implicaba la aprobación del órgano municipal corresponediente.
Igual que en sesiones previas, Roca tuvo varios encontronazos con el fiscal, Juan Carlos López Caballero, para intentar que el prevaleciera su versión ante el tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de noviembre de 2011