La Fiscalía Anticorrupción investigará la gestión de las cajas de ahorro gallegas. Lo hará en una doble vertiente: los motivos que redujeron su precio a 181 millones de euros, apenas un 10% de su valor en libros, y la legalidad de las cuantiosas indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. La investigación se abre a instancias del sindicato CIG, que trasladó un informe a la Fiscalía General del Estado sobre la situación y las presuntas irregularidades en Novacaixagalicia, resultado de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. Ese organismo ha atribuido las competencias a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según acaba de comunicar el ministerio público.
Los sindicatos aceptan destinar fondos de la caja a capital del banco
El escrito de denuncia lo formuló Clodomiro Montero, en su doble condición de representante de la CIG y de consejero general de Novacaixagalicia. Montero interpretó la decisión de la fiscalía como "un paso positivo" hacia el esclarecimiento de las causas de la súbita desvalorización de la caja y la legalidad de las indemnizaciones. "Cabía la posibilidad de un archivo de la causa, pero no solo no se le da carpetazo sino que se le encarga la investigación a Anticorrupción", afirmó Montero.
Para el representante sindical, la decisión de la fiscalía "pone en evidencia" al PP, que se negó a autorizar una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las circunstancias que rodearon la fusión de las dos antiguas cajas y las indemnizaciones. "Fue una decisión lamentable, y ahora se comprueba que injustificada", acusa Montero.
La denuncia sobre la valoración de la entidad se debe a la suposición de que su valor en libros "debe ser fiel" a la situación real de la caja. "Puede haber una pequeña modificación al alza o a la baja, pero reducirla en un 90% es excesivo", afirma respecto a la tasación realizada por el Banco de España. "O bien los libros no eran correctos, o bien se hizo un pacto para rebajar el precio y facilitar la operación de los compradores", opina el denunciante.
De esta forma, los 1.784 millones que figuraban como capital fundacional de Novacaixagalicia se redujeron a 181 millones cuando el Banco de España hizo su valoración, previa a la entrada del FROB en el capital del banco. La caja pasó así a representar apenas el 6,85% del valor de Novagalicia Banco, lejos del 15% que había anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tras la nacionalización del banco, tres directivos de la caja rescindieron sus contratos a cambio de 25 millones de euros.
La opción que maneja el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, para elevar ese 6,85% es que la caja dedique 96 millones de remanente que conservaba para la Obra Social a comprar acciones del banco. El gerente de la Obra Social, Guillermo Brea, convenció ayer a los sindicatos de los planes de Castellano, aunque alcanzar el 15% del capital de Novagalicia Banco (NGB) se les antoja remoto.
La estrategia pasa por lograr 80 millones de euros mediante la venta de inmuebles y obra pictórica a NGB, lo que elevaría el porcentaje al 10%. Otro 2% se lograría mediante "fórmulas diversas", como el cobro por actividades, la generación de ingresos distintos de los convencionales o el alquiler de inmuebles. Para alcanzar el 15% sería necesaria la intervención del Banco de España. La caja cuenta con 90 centros repartidos en las cuatro provincias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de noviembre de 2011