El caso Quality Food, la presunta estafa cometida contra la Zona Franca de Cádiz durante la última etapa del PP en el Gobierno central, regresó ayer a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz retomó ayer la ronda de declaraciones de la causa, que tiene como principal imputado al empresario gaditano Manuel García Gallardo, dueño de esta compañía alimenticia, acusado de estafa y apropiación indebida. La juez interrogó al exdelegado del PP en la Zona Franca, Miguel Osuna, por los apoyos públicos dados a la compañía y los abogados presentes insistieron en conocer las claves del informe que motivó la querella que ha provocado la investigación.
Este documento, conocido como informe Fedriani porque fue elaborado por José Manuel Fedriani, el entonces jefe de gabinete de Osuna y ahora director en Zona Franca, sirvió para justificar la exclusión de Quality Food del recinto fiscal después de que se hubiera arropado su instalación allí. Lo que fue un ejemplo a seguir, se convirtió en una posible estafa contra la institución pública.
La empresa fue excluida de la Zona Franca por sospecha de estafa
El informe Fedriani alertaba de anomalías en contratos de comedores públicos e instalaciones militares, además de fallos contables y excesos en la facturación. Según el principal acusado, Manuel García Gallardo, este informe está lleno de falsedades e inexactitudes, de ahí que el principal interés de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, fue desacreditarlo. La juez había llamado a declarar a Osuna, Fedriani y García Gallardo, pero este último excusó su ausencia por un problema familiar.
El interrogatorio duró dos horas. La mayoría de las cuestiones trataban de aclarar por qué se encargó ese informe, aunque también se incidió en el respaldo institucional que recibió la compañía alimenticia en sus primeros años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de noviembre de 2011