Pazo de Congresos de Vigo SA, la UTE concesionaria del auditorio Mar de Vigo, integrada por Sacyr, Caixanova (ahora Novagalicia Banco) y Puentes y Calzadas, solicitó el pasado 27 de octubre la rescisión del contrato de concesión por incumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de su compromiso de aprobar el plan económico-financiero (PEF) de la concesión en el plazo convenido. La construcción y explotación de la obra responde al modelo de financiación público-privada, como la del nuevo hospital, al que se llegó después de un azaroso camino, todo él sembrado de incidencias, desde que se concibió el proyecto en la década de los noventa. El complejo fue estrenado en marzo de este año.
La ciudad acabará pagando 173,7 millones en 2067 por la obra
La petición de la UTE de rescindir el contrato fue difundida ayer por el presidente local y portavoz del PP, José Manuel Figueroa, que la expuso como "un referente más de la catastrófica gestión" del alcalde, Abel Caballero, que está llevando la ciudad, dijo Figueroa, "a la bancarrota". Caballero respondió ayer mismo acusando al PP de falta de diligencia -ya que reacciona tres semanas después de entrar el documento en el Registro, que es público- y tachando al partido de oposi ción de "calamidad para Vigo".
El regidor enmarcó el litigio con la UTE como una "rutina jurídica" de la que espera "una solución satisfactoria": el Ayuntamiento ya respondió rechazando la petición de la concesionaria y los jurídicos están elaborando el PEF en plazo y "en función de los intereses de la ciudad" y no de la concesionaria, que son, dijo el alcalde, los que defiende el PP.
En su petición de rescisión del contrato y su liquidación, la concesionaria señala que en 2008, tras la presentación de un nuevo proyecto básico de la obra, que reducía significativamente sus dimensiones -con dos plantas menos de aparcamiento, entre otras cosas-, el Ayuntamiento se comprometió "a revisar el PEF e iniciar la tramitación para su aprobación definitiva en el plazo máximo de tres meses desde la firma del acta de recepción definitiva de las obras". A finales de 2010 estaba elaborado ese nuevo PEF, que incluía para 2011 una subvención de 5.003.000 euros y la ampliación de la concesión de 35 a 60 años para amortizar el coste de la obra. Según ese PEF, el auditorio pasará a propiedad municipal en 2067 tras haber pagado el Ayuntamiento 173.741.217 euros, el doble de su presupuesto inicial de 85,7 millones en marzo de 2008.
El pasado 15 de septiembre la concesionaria requirió al Ayuntamiento a aprobar en un plazo de 20 días el PEF definitivo. Al no hacerlo, reclama la resolución del contrato y su liquidación, con idemnización íntegra "de todos los daños y perjuicios, con inclusión del lucro cesante, que se hayan generado". Pero no habrá lugar. "Llegaremos a una solución satisfactoria", asegura Caballero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de noviembre de 2011