El decreto que prepara la Xunta para convertir a los trabajadores de los chiringuitos en personal laboral de la propia Administración es similar a otros textos impulsados recientemente en otras comunidades autónomas en el marco de sus respectivas reestructuraciones de entes paralelos.
En Andalucía el texto equivalente desató importantes protestas por parte de los sindicatos, que recibieron el apoyo expreso del PP contra el denominado Decretazo Griñán -en referencia al presidente andaluz- por considerar que se consolidaban privilegios de personas que habrían sido contratadas de forma irregular por el Gobierno socialista.
En Madrid la presión sindical obligó a que el decreto equivalente regulase expresamente la adaptación de los sueldos. Así, en el decreto del Gobierno que preside la popular Esperanza Aguirre se indica que "en el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la categoría y nivel en que fuera integrado en el convenio colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia".
Ese mismo decreto madrileño admite que de forma excepcional ese personal pueda seguir cobrando más, pero solo durante un periodo determinado. Frente a ese texto explícito y con excepciones también detalladas, el borrador que maneja actualmente la Xunta nada dice de reducir el salario a los que cobraban más, como sí hace al elevar hasta igualarla la remuneración de los que percibían menos. En todo caso, esos ajustes salariales, incide la Consellería de Facenda en varios puntos del borrador del decreto, se realizarán "con sujeción a las disponibilidades presupuestarias existentes".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de noviembre de 2011