Cuando, después de las elecciones locales de mayo, el número dos de la lista del PP al Ayuntamiento de Arzúa (A Coruña) y actual portavoz municipal de los conservadores, Antonio Orois, tomó posesión de su acta de edil firmó una declaración de incompatibilidad. En ella decía que su profesión era la de "inspector de policía en segunda actividad sin destino". Según el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), en su apartado 1 i), incurren en situación de inelegibilidad "los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo". Una resolución de la Junta Electoral Central, a petición del BNG de Arzúa, ha confirmado que el caso de Orois choca con esa normativa.
"Esta Junta Electoral entiende que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentran en la situación de segunda actividad sin destino siguen siendo inelegibles de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de la Loreg", asegura el dictamen, datado en junio de este año. Antonio Orois es en la actualidad el portavoz de los populares en el pleno arzuano, después de la dimisión del candidato a alcalde, Armando Cascón. Justo antes de los comicios de mayo, trascendió que Cascón había intentado sobornar al entonces alcalde del BNG, Xaquín García Couso. Finalmente una denuncia del PP y la aplicación de una reforma de la ley electoral para impedir a los miembros de Batasuna presentarse a las urnas dejaron a García Couso -con una sentencia de una corporación anterior- sin optar a la reelección.
Pregunta del BNG
Ya antes de las elecciones de mayo, el BNG de Arzúa había preguntado a la Xunta Electoral de Zona sobre las incompatibilidades de Orois. El órgano respondió que el candidato popular había asegurado que se encontraba en excedencia y que, por lo tanto, sí era elegible. Pero fue al hacerse concejal electo cuando expuso su situación de inspector de policía en segunda actividad sin destino. "El BNG no va a transigir con estas cosas", asegura la agrupación local de los nacionalistas, "y va a exigir la regularización de este caso". Para ello, uno de los grupos políticos de la corporación debe pedir ahora un informe al secretario municipal y llevarlo a pleno.
Una situación análoga forzó a dimitir al alcalde electo de Vilagarcía por el PSdeG, el comisario Enrique León, en 2007.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de noviembre de 2011