El Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la ley valenciana de custodia compartida, que regula las relaciones de los menores cuyos padres no convivan. La ley valenciana otorga prioridad al pacto entre progenitores pero, en caso de que estos discrepen sobre la custodia de los menores, prevé la custodia compartida como regla general. Un aspecto que no aparece recogido en el Código Civil estatal. La ley autonómica, aprobada el pasado mes de marzo, no impide que el juez tenga en cuenta otros factores que le permitan conceder la custodia a uno de los progenitores.
El auto del Tribunal Constitucional alega que los perjuicios irreversibles de la entrada en vigor de la ley valenciana no existen -tal y como alegaba el abogado del Estado- y señala que el conflicto entre Administraciones es de carácter "netamente competencial". Para los magistrados del alto tribunal, la autoridad judicial es la que, ante la falta de acuerdo de los padres, debe proteger adecuadamente el interés del menor y puede modificar su situación.
El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, mostró su satisfacción por la resolución y recordó que es la segunda vez que el Constitucional da la razón a la Generalitat, que logró también meses atrás que se levantase la suspensión cautelar sobre la ley autonómica que regula el régimen económico de los matrimonios.
Mejor para los niños
La diputada de Compromís Mònica Oltra, cuyo grupo votó junto al PP a favor de la norma, señaló que "es muy importante que esta ley comience a aplicarse porque será beneficiosa para los niños".
Castellano se reunió ayer con representantes de las asociaciones en favor de la custodia compartida para analizar la decisión del Constitucional que permitirá que la ley entre en vigor una vez se publique el auto en el Boletín Oficial del Estado esta misma semana.
El secretario de la Asociación Custodia Compartida de Valencia, Gregorio Rubio, aseguró que la Comunidad Valenciana "está hoy en el punto de mira" del resto de España por contar con una ley aún "más progresista que las de Cataluña y Aragón". Rubio mostró su alegría porque llevaban "muchísimo tiempo trabajando para que se reconociese que cuando un padre interrumpe la convivencia con su pareja no quiere interrumpir la convivencia con sus hijos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 2011