Martha Coakley se cansó de esperar a que la negociación con la gran banca de Wall Street por las prácticas para embargar viviendas diera algún resultado. Por eso, cuando se cumple un año del estallido del escándalo, la fiscal general del Estado de Massachusetts procedió a demandar a JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Ally Financial.
El desmarque de Coakley no es bueno para los cinco bancos, que, desde el pasado mes de diciembre, tratan de llegar a un acuerdo global con los fiscales de los 50 Estados de EE UU para resolver el expediente de los embargos automáticos sin necesidad de pasar por cada uno de sus tribunales. El conocido como el escándalo del robo-signing puso de nuevo de relieve los abusos de la banca.
Coakley afirma en su demanda que las prácticas seguidas por estos gigantes fueron "ilegales" y "engañosas". Entre ellas está la tramitación de miles de embargos sin cumplir las condiciones exigidas, como consultar al embargado o dar la posibilidad de renegociar la hipoteca.
En el paquete incluye a la Mortgage Electronic Registration System, que es el que permite a los bancos ejecutar los procedimientos de embargo. Lo que está ahora por ver es cómo esta acción puede afectar a las negociaciones con el resto de fiscales. La investigación a la banca es una de las causas, junto al alto número de viviendas morosas, que explica que los plazos para embargar una vivienda en EE UU se estén alargando en los tribunales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de diciembre de 2011