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José Luis Rodríguez Zapatero conversa con Mariano Rajoy / ULY MARTÍN
La recepción por el 33º aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados sirvió ayer para que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero hicieran alarde público de acuerdo y sintonía, especialmente en lo que se refiere a la reforma de la Unión Europea que proponen Angela Merkel y Nicolas Sarkozy.
Para algunas cosas, pocas, hay un Mariano Rajoy antes y otro después de las elecciones. Si antes de votar lanzó unos pocos compromisos claros -dar más margen a las comunidades para devolver lo que deben al Estado, no subir impuestos-, ahora los está deshaciendo poco a poco.
Primero, que Mariano Rajoy sea elegido presidente del Gobierno, después llegará el turno al PSOE. El debate de investidura del próximo jefe del Ejecutivo se realizará entre los días 19 y 21 de diciembre y hasta que haya terminado no se producirá el paso al frente de quienes aspiran a la secretaría general del PSOE.
Los socialistas catalanes estuvieron entre los primeros de España que sufrieron en carne propia el desgaste de la crisis económica. Desalojados de la Generalitat hace ya un año, continuaron en caída libre en las elecciones municipales y recibieron la estocada final el 20 de noviembre.
Desde que Emilio Pérez Touriño perdió la presidencia de la Xunta de Galicia y cedió los trastos a Pachi Vázquez, el secretario general del PSdeG ha vivido a la sombra de José Blanco. Con un pie en Madrid y otro en tierras gallegas, el vicesecretario general del PSOE mantuvo siempre una calculada ambigüedad.
Tras pasarse los últimos meses cuestionando el compromiso del Ministerio de Fomento con los plazos para la ejecución de las obras del AVE a Galicia, la Xunta ha reaccionado con paciente comprensión a la exigencia del PP para que el Gobierno central congele todas las licitaciones y adjudicaciones.
Los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del caso Palma Arena tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los últimos registros y, a partir de ese momento, citar como imputado a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del Rey.
El Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín fijaba unos precios "totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública". Tras recibir los fondos, según la investigación judicial,el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios ficticios a entidades mercantiles o presumiblemente.
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