Un centenar de familias de personas que murieron entre los años 1968 y 1978 como consecuencia de abusos o excesos de las fuerzas de seguridad podrán acceder a indemnizaciones económicas de acuerdo con la información que maneja el Gobierno Vasco. El Ejecutivo de Vitoria ultima el primer decreto que regulará estas ayudas para el periodo citado con el objetivo de aprobarlo a principios de 2012.
El Ejecutivo de Patxi López lleva varios meses trabajando en la redacción del borrador del decreto bajo el asesoramiento de la exvocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) Manuela Carmena -contratada el pasado mes de septiembre para este fin- y ha mantenido contactos durante los últimos días con los diferentes grupos parlamentarios con el fin de presentarles los elementos básicos del texto.
El borrador de decreto establece la cuantía de las indemnizaciones a las víctimas policiales por fallecimiento, gran invalidez e incapacidad permanente tomando como referencia el baremo de la primera Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999. Esta norma reconoce cuantías sensiblemente inferiores a la última ley aprobada hace sólo tres meses.
La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo fija una compensación de 23 millones de las antiguas pesetas en caso de fallecimiento (al cambio 138.232 euros), 65 millones de pesetas en caso de gran invalidez (390.658 euros) y 16, 8 y 6 millones de pesetas en caso de incapacidad permanente absoluta, total y parcial, respectivamente (96.162, 40.081 y 36.061 euros).
Mayores cuantías
El baremo de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, ratificada el pasado 20 de septiembre por el Senado, contempla unas cuantías más elevadas. Así, y a modo de ejemplo, el fallecimiento se indemniza con 250.000 euros y la gran invalidez con 500.000 euros.
El Gobierno vasco estima que un centenar de familias de personas que perdieron la vida entre los años 1968 y 1978 por abusos y/o excesos de las fuerzas policiales están en condiciones de cumplir los requisitos para tener derecho a indemnizaciones. Cerca de la mitad cumplirían con facilidad los requisitos, mientras que la otra mitad tendría algo más complicado reunir toda la documentación necesaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de diciembre de 2011