Creo representar el sentir de la mayoría de los ciudadanos al expresar las siguientes demandas:
1. Pido a los periódicos que sigan denunciando los casos de cohecho y corrupción y que profundicen en esta tarea hasta desenmascarar a todos y cada uno de los funcionarios públicos que cometan delitos de este tipo.
2. Pido a los máximos dirigentes de los partidos políticos que contribuyan en esta tarea, sancionando ejemplarmente a los militantes implicados en estos casos. Si bien es cierto que lo que hay que demostrar es la culpa y no la inocencia, también parece lógico que ante sospechas bien fundadas procede apartar al sujeto de su cargo público hasta que quede clara su inocencia para, así, recuperar y preservar la buena imagen que han de tener los políticos
3. Pido al nuevo presidente del Gobierno que como primera medida para salir de la crisis económica proponga la modificación de los artículos 419 y siguientes y 432 y siguientes del Código Penal, relativos al cohecho y a la malversación de caudales públicos, respectivamente, endureciendo de forma manifiesta las penas de prisión por dichos delitos. Esta iniciativa legislativa ha de ser acometida por el nuevo Congreso de los Diputados urgentemente, y tiene prioridad incluso sobre la reforma laboral, para la que Rajoy ha pedido a sindicatos y patronal que se pongan de acuerdo antes de Reyes.
En suma, urge recuperar la credibilidad en el sistema de gobierno que nos hemos dado y, para ello, hay que acorralar y exterminar la corrupción. De lo contrario, la corrupción acabará con nosotros. No hace falta viajar a países muy lejanos para ver que esto es así.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de diciembre de 2011