El juicio contra Francisco Camps que comienza esta mañana pone fin simbólico a una época de la política valenciana. En el banquillo de los acusados no se sienta únicamente un expresidente de la Generalidad; lo hace también una cierta manera de gobernar que, en pocos años, ha llevado a los valencianos a la ruina. Naturalmente, la Justicia no se ocupará de ello porque no es esa su competencia; acabamos de verlo en el asunto de las torres de Calatrava. Pero eso no nos impide saber que la causa que ha llevado a Camps ante los tribunales -la probable aceptación de unos regalos- es una consecuencia de la moral latitudinaria que su gobierno propagó por toda la Administración.
Como adelantándose a los acontecimientos, Alberto Fabra anunciaba el viernes un giro en la línea de los grandes proyectos y de las empresas que los gestionaban. Se privatiza la Ciudad de la Luz; Terra Mítica se entrega a la empresa privada. Comienza a desmontarse, pieza a pieza, el decorado que durante 15 años ha sostenido la ficción de una gran Comunidad Valenciana. La crisis económica impide mantenerlo en pie durante más tiempo. Repitieron tantas veces que vivíamos en la región más próspera y envidiada de Europa que muchos llegamos a creerlo. La mentira pudo sostenerse mientras fluyó el crédito. Pero ha llegado el momento de pagar la factura y la caja de la Generalitat está vacía. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, de la que tan orgullosos nos sentíamos, la exhibe la prensa internacional como muestra de nuestro despilfarro. La fiesta ha terminado.
Desde que, en el mes de julio pasado, se produjo la dimisión de Francisco Camps, vamos conociendo algunos detalles del formidable saqueo sufrido por la Comunidad Valenciana. No es que no hubiésemos reparado en ello con anterioridad. Los hechos eran tan escandalosos que resultaba imposible no advertirlo. Pero faltaba -digámoslo así- la constancia oficial de todo ello. Los estorbos que el Gobierno de Francisco Camps ponía, una y otra vez, al trabajo de la oposición no lo permitían. La madeja de sociedades creadas para ocultar las cuentas, los contratos que nunca se mostraban, la oscuridad, en fin, que lo envolvía todo y que era norma, nos impedían hacernos una idea precisa de lo sucedido. Ahora, publicadas ciertas cifras y documentos -no todos, desde luego-, podemos componer, aunque de forma incompleta, el mapa de la devastación que hemos padecido. Lo que primero salta a la vista es que nuestros gobernantes, en lugar de construir un proyecto común para los valencianos, prefirieron crear una ficción que resultaba más rentable para sus fines. Los decorados -eso sí- eran tan espectaculares como el precio que pagamos por ellos.
A la hora de explicar la presencia de Francisco Camps ante un jurado se han dado diversas razones. En algunos casos, se ha querido ver una cierta ingenuidad del expresidente en el asunto, o un mal asesoramiento de sus consejeros. Es posible. En cualquier caso, Camps mantuvo a lo largo del tiempo una conducta estricta respecto a su objetivo, que era mantenerse en el poder. Mientras estuvo en el gobierno no se apartó un milímetro de esa línea. Su mérito fue convencer a los valencianos de que trabajaba para ellos, mientras gastaba el dinero en proyectos descabellados que servían únicamente a su propia ambición. Lo mismo que hicieron -cada uno, en su momento- Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y tantos otros servidores de la Comunidad Valenciana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2011