Somos bastantes los ciudadanos que pensamos que el papel que desempeña el Senado, en nuestro país, no justifica los 55 millones de euros -más de 9.000 millones de pesetas- que nos cuesta todos los años.
Pero dado que esta institución, con toda legalidad, existe, sería muy deseable que se aprovechara su visibilidad y la competencia y representatividad de los senadores que la componen para contribuir a la superación de la crítica situación económica que atravesamos o para mejorar la calidad de nuestra cuestionada democracia. Los senadores podrían, por ejemplo, constituir comisiones para analizar y proponer soluciones, más o menos consensuadas, a problemas existentes, no abordados por el Ejecutivo, o para analizar la puesta en práctica de las leyes vigentes analizando las debilidades observadas y proponiendo su revisión al Congreso.
Se trata simplemente de que los senadores se impliquen, mucho más que hasta ahora, en el mandato implícito en el artículo 76 de la Constitución: "El Congreso y el Senado, y, en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones sobre cualquier asunto de interés público". Estoy convencido de que la mayoría de los 208 senadores que constituyen la Cámara alta estarían encantados de contribuir más activamente al bien común.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de diciembre de 2011