Tal vez, al señor Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE, le faltó rematar en su comentario: "En el campo público nos tenemos que acostumbrar a que no haya tantas diferencias con el sector privado", pudiendo añadir: nosotros, desde la iniciativa privada, no tendríamos inconveniente en poder administrarlo.
No es la primera vez que el presidente Rosell carga contra el sector público y el personal a su servicio. Curioso, "cuando de los 10.400 millones recuperados este año para las arcas públicas, el 68% proviene de dos impuestos con un perfil claramente empresarial: IVA y sociedades. Además, las grandes compañías (las que facturan más de 100 millones de euros al año) son responsables del 26% del fraude detectado, según explicaron ayer los responsables de Hacienda" (EL PAÍS, 13 de diciembre).
Seguramente, al señor Rosell le gustaría que el control del fraude fiscal pasase a depender de compañías privadas. De esta manera estarían más despreocupados a la hora de rendir cuentas al fisco. Para ello, qué mejor manera que desprestigiar a los empleados públicos y al sector al que representan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de diciembre de 2011