Al juez Vicente Ríos le llama la atención que una empresa pública "cuya única actividad es depurar y tratar las aguas residuales" realizara "importantes gastos en cursos formativos que poco o nada parecen tener que ver con las necesidades de sus empleados". Pero lo que considera "realmente relevante" es que "existen indicios de que los cursos no se impartieron". Por ello ha rechazado, en un auto fechado el pasado día 15, el recurso de Antonio Arnal contra su imputación en el caso Emarsa. Arnal cobró a Emarsa, de la que su hermano, Enrique Arnal, era director financiero, más de 157.000 euros por cursos sobre "desarrollo de la inteligencia emocional", "motivación de mi equipo de trabajo", "proactividad y asertividad en la empresa" o "técnica de reuniones", todos ellos on line y no tutorizados.
Dice el titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia que "se desconoce todo lo relativo a tales cursos y a qué alumnos fue impartida en su caso la acción formativa". Pero añade que, en el caso de otros cursos tutorizados, el tutor era la misma persona, un socio de Arnal, y en todos ellos figuraban el gerente, Esteban Cuesta, y Enrique Arnal. "Llama la atención", indica el juez, "que de un total de seis cursos autorizados en 2007 y 2008 en los cuatro impartidos en 2008 figuren exactamente los mismos seis alumnos, todos ellos directivos de la sociedad, y la secretaria del gerente y del presidente del consejo". El gerente llegó a inscribirse en un curso de 70 horas sobre el "nuevo plan contable" cuando ha reconocido ante el juez que desconocía "hasta lo más rudimentario en la materia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de diciembre de 2011