Como médico y como ciudadana, me parece muy grave la decisión del Gobierno catalán de hacer que todos los ciudadanos paguen un euro cada vez que entreguen una receta en una farmacia. Se trata de una forma de repago injusta, pues todos los pacientes han de pagar por igual, independientemente de sus ingresos, incluidos los pensionistas y enfermos crónicos, de modo que son las clases más bajas y los ancianos los principales perjudicados.
Por otra parte, nos dicen que el principal objetivo de esta medida es evitar el abuso de la sanidad pública, lo cual es un argumento cuando menos demagógico; los pacientes no eligen ponerse malos, ni se sacan las recetas "del bolsillo"; se las prescribe un médico. Y el facultativo dispensa una receta cuando considera que el paciente la necesita. No nos engañemos; se trata de un impuesto a la enfermedad, lo cual es sencillamente inadmisible.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de diciembre de 2011