El Grupo Parlamentario del PNV ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicita la anulación del pliego de cláusulas y del procedimiento de contratación aprobado por el Gobierno vasco para la venta de 3.000 viviendas de protección oficial y de titularidad pública a una entidad privada.
Los peneuvistas fundamentan su recurso en que la venta del patrimonio público a un fondo de inversión privado incumple la legislación de Viviendas de Protección Oficial, la Ley del Suelo y Urbanismo, la Ley de Patrimonio de Euskadi y la Ley de Contratos.
La formación nacionalista solicita la paralización de la venta porque, por un lado, supone "la privatización de un patrimonio público" y, por otro, se está ofreciendo a un inversor privado "unas condiciones inaccesibles para cualquier ciudadano vasco".
El PNV recordó que a finales de julio supo que el Gobierno vasco había autorizado iniciar el expediente de contratación para vender a un inversor privado 3.000 VPOs. A continuación, iban a ser arrendadas a dicho inversor durante 20 años por 700 euros mensuales para, finalmente, destinarlas al subarriendo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de enero de 2012