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La vicepresidenta Santamaría / CHEMA MOYA (EFE)
Algunas cosas no han variado del todo en La Moncloa con el cambio de Gobierno. El Ejecutivo del PP sigue, como estaba el del PSOE, obsesionado con la prima de riesgo y pendiente casi cada día de la evolución de los mercados. Es la prioridad. Lograr credibilidad, separarse todo lo posible de Italia, que sigue con enormes problemas y la prima de riesgo por encima de 500.
El presidente valenciano, Alberto Fabra, acosado por los problemas de liquidez, se ha visto abocado a tomar dos decisiones que a priori no estaban en el ideario del PP: subir los impuestos y reducir el salario de los funcionarios. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había prometido en campaña no tocar los tributos, el Gobierno valenciano aseguró ante los sindicatos que no iba a recortar salarios a los trabajadores públicos.
Los recortes que está aplicando desde hace meses en la sanidad y la enseñanza el Gobierno de CiU se debatirán en un pleno monográfico del Parlamento catalán. La nueva dirección de los socialistas catalanes parece dispuesta a acabar con el ostracismo que ha vivido el PSC en la Cámara desde hace un año y ayer anunció que promoverá la celebración de ese pleno.
Prácticamente hasta la víspera de las elecciones generales, la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo apuntó cada retraso del Gobierno de Zapatero en las obras del AVE de esta comunidad por nimio que fuese. La fiscalización del calendario de los trabajos era casi semanal con Feijóo y el consejero responsable de Infraestructuras, Agustín Hernández, atentos para apuntar cada demora.
El expresidente de Baleares y exministro Jaume Matas escuchó ayer desde el banquillo de la Audiencia de Palma de Mallorca tres declaraciones de excolaboradores suyos, también imputados, directamente contrarias a sus intereses de defensa. Ocurrió en el juicio del caso Palma Arena.
El ex director general de la Junta andaluza que autorizó los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) fraudulentos, Javier Guerrero, concedió dos subvenciones por 900.000 euros a su exchófer Juan Francisco Trujillo. El conductor aseguró a la policía que "la mayor parte del dinero" lo dedicó "a comprar cocaína" para él y su jefe [Guerrero] y otros gastos como "ir de fiestas y copas".
El caso del fraude en la concesión de ayudas públicas de la Junta de Andalucía para pagar a prejubilados y empresas en crisis trastocó la agenda de los socialistas andaluces en las dos últimas convocatorias electorales -las municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre-, y aún volverá a incidir en una tercera: las autonómicas de marzo de 2012, donde el PSOE, no solo andaluz, se juega su ser o no ser.
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps descendió ayer otro escalón en la falta de compostura que le ha caracterizado en el largo juicio contra él y Ricardo Costa por aceptar cohechos de la trama Gürtel. Declaraban los policías de la brigada de delitos económicos que investigaron el supuesto delito, y que habían reconstruido en la sala cómo consideran que se cometió.
El consenso "casi generalizado" del que el domingo hablaba el lehendakari, Patxi López, en torno al tratamiento que se debe dar en adelante a los presos por terrorismo tiene aún aristas que limar. Se demostró ayer mismo, cuando su discurso, en una entrevista en Radio Euskadi, chocó en buena parte con el que tres horas más tarde hizo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, durante la toma de posesión del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.
Tras veinte años consecutivos al frente de la alcaldía de Oviedo, Gabino de Lorenzo -el principal poder fáctico en el PP de Asturias y el mayor antagonista del presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos- tomó ayer posesión como delegado del Gobierno en la comunidad.
Quien ayer superara la velocidad permitida en los túneles de Guadarrama (Madrid), Sartego (A Coruña), Despeñaperros (Jaén) y en la circunvalación de Zaragoza habrá sido sancionado con una multa de hasta 600 euros y con la detracción de hasta seis puntos del permiso de conducir.
La condición de presidente del Grupo Parlamentario Socialista que ostenta Alfredo Pérez Rubalcaba tendrá a partir de ahora poca o ninguna visibilidad. Rubalcaba pidió la semana pasada al portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, que asumiera mañana el debate para la convalidación del decreto de medidas económicas del Gobierno.
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