La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, anunció ayer que su intención es exigir a los Ayuntamientos desde este mes de enero "un calendario de pagos consensuado" con las empresas que prestan los servicios de ayuda a domicilio para que no se extiendan los problemas de impago que están surgiendo y que están dejando a muchas trabajadoras sin cobrar sus nóminas. Ese calendario de pagos será imprescindible para que la consejería transfiera más dinero a los Ayuntamientos. Navarro también anunció que este asunto se está abordando ya con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cuyo presidente, Francisco Toscano, ha reconocido que algunos Ayuntamientos están empleando el dinero que le transfiere cada dos meses la Junta por la ayuda a domicilio para hacer frente a otros asuntos como el pago de las nóminas de los funcionarios municipales.
El problema de fondo es la mala situación económica que están padeciendo los Ayuntamientos. La Junta es la encargada de financiar la ayuda a domicilio. Pero el Ayuntamiento es el encargado de contratar a las empresas o cooperativas que prestan los servicios. También es el que debe pagar, con el dinero que le transfiere la Junta, a estas empresas. El problema es que el principio de caja única permite a los alcaldes decidir cómo gastan los fondos que llegan hasta el Consistorio, y muchos alcaldes prefieren pagar las nóminas de los funcionarios antes que hacer frente a las deudas con las empresas que contratan.
Navarro hizo ayer balance de los cinco años de aplicación de la ley de Dependencia, donde se inscribe la ayuda a domicilio, que reciben 51.000 personas en Andalucía. En total, 195.000 personas se están beneficiando de la aplicación de esta ley. Y el departamento de Navarro tiene contabilizadas 264.000 prestaciones en vigor, ya que cada dependiente tiene en Andalucía la posibilidad de recibir hasta tres prestaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de enero de 2012