Una juez de Granada considera que hay indicios de prevaricación en una operación urbanística que el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, hizo supuestamente con varios promotores en 2005. El acuerdo se plasmó en un convenio en virtud del cual el Consistorio se habría atribuido a sí mismo un aprovechamiento urbanístico "superior al que le correspondía" por unos terrenos que no eran de su propiedad, sino de dominio público. Los promotores tenían que comprar esos aprovechamientos al precio fijado por el Consistorio y a cambio "acrecentaban sus expectativas comerciales".
Se trata de unas parcelas del Cerrillo de Maracena, en la capital, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo. Según un auto de la juez de Instrucción 3, se "obviaron trámites" que dieran a conocer tanto a la Demarcación de Carreteras como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -titulares de parte de los terrenos- la existencia del convenio hasta la aprobación definitiva del plan.
En esa supuesta apropiación de aprovechamientos urbanísticos estarían implicados, según la juez, el exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo, el entonces gerente Manuel Lorente y otras ocho personas, entre técnicos y promotores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de enero de 2012