El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Consell y las Cortes Valencianas relacionados con la aplicación del convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques y la regulación de las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.
El tribunal ha decidido dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo, los magistrados oirán a las partes sobre la posible acumulación de estos recursos con otros promovidos por el Gobierno de Murcia.
El pleno del Constitucional se reunió en Valencia por iniciativa de su presidente, el valenciano Pascual Sala, quien desde el principio de su mandato se mostró partidario de acercar la imagen del tribunal a los ciudadanos de otras comunidades autónomas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de enero de 2012