El futuro de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está en el aire. Su viabilidad empresarial pasa, según el PP, por la ejecución de un expediente de regulación de empleo que supondrá centenares de despidos. Por otra parte, el cambio de modelo, plasmado en un anteproyecto que modifica sustancialmente la actual Ley de Creación de RTVV, prevé aspectos que chocan con la legislación actualmente vigente, como la posibilidad de que la televisión autonómica sea titular de canales de pago.
El borrador del anteproyecto que ha elaborado el Consell recoge en su artículo 2.2, de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, las competencias de la futura RTVV al asegurar: "La función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de ámbito autonómico e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos y de información en línea, orientados a la consecución de los objetivos anteriores".
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La mención a los "canales codificados" choca frontalmente con la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, cuyo artículo 40.2 señala: "El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos".
La codificación permitiría el cobro de programas a suscriptores, lo que sería completamente inédito en una televisión pública.El propósito del PP de modificar radicalmente el régimen de las televisiones autonómicas en España pasa por la posibilidad de su privatización total o parcial, lo que lleva a la redacción de una nueva ley cuya preparación anunció el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien indicó que la intención es permitir que los Gobierno autonómicos puedan gestionar directamente sus televisiones o buscar una fórmula de "gestión indirecta".
Es en el contexto de la nueva ley en el que habría que dar cobertura legal a la posibilidad de que una televisión pública como Canal 9 pueda disponer de emisiones codificadas.
En opinión del diputado socialista Josep Moreno, portavoz en la comisión de control de RTVV en las Cortes Valencianas, "está prohibida y resulta incoherente la emisión en codificado de los medios públicos. ¿Qué van a emitir? Lo único que pueden pretender es cobrar por los contenidos". Para Moreno, el PP valenciano, que no ha facilitado todavía el anteproyecto completo del futuro modelo de RTVV a los grupos de la oposición y se ha limitado a hacer públicos resúmenes y borradores. Busca "la forma de dar valor económico a la privatización de franjas de la programación". Que el anteproyecto incluya la alusión a la posibilidad de contar con canales codificados puede explicarse en ese contexto de entrega a empresas privadas de una buena parte de los contenidos que ofrecerá el canal autonómico. "De todas maneras", explica el diputado, "el PP está inmerso en el despropósito y muchas de sus propuestas denotan improvisación".
La oposición viene reclamando al PP y al Consell que la ley de RTVV garantice la transparencia en su funcionamiento, la profesionalidad en la gestión de los informativos y el consenso en la elección del director general, además de la garantía de que se cumplirá el objetivo fundacional de promover el uso del valenciano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de enero de 2012