El historiador Santos Juliá hizo anoche su particular radiografía de la sociedad española tras siete lustros de democracia. Una España que intentó sacudirse los 40 años de dictadura franquista confiada a un tejido de instituciones cívicas, pero que ha llegado al año 2012 sumida en el desencanto ante una crisis tan importante en el plano económico como en el de los valores, arrasados por una ola de corrupción. "Sin un Estado sometido al imperio de la ley no hay sociedad civil", resumió Julià durante el coloquio titulado El progreso de España. La sociedad civil: historia, democracia, instituciones, que impartió junto al catedrático de Historia Contemporánea Pedro Ruiz, convocados por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Y tras su repaso al último siglo de España, concluyó: "La sociedad civil se ha dejado subvencionar por el Estado", añadió.
Juliá recordó el intento en torno a los años veinte del siglo pasado de forjar una sociedad civil fuerte -y alejada de las redes clientelares previas- a semejanza de países como Inglaterra, Francia o Alemania. Intento que fructificó en la República pero que fue "destruido hasta la raíz" por el régimen franquista. Ya entrada la democracia, en España se pensó que todo era posible, dijo, y hace una década todo el mundo pensaba que sí había una sociedad civil madura.
"Pero el sistema de partidos que ha construido al Estado ha tomado a la sociedad civil como un rehén que era necesario subvencionar", explicó. Es decir, de nuevo las redes clientelares en torno al poder.
Preguntado por el constante goteo de la corrupción y el fallo de los poderes del Estado en su control, Juliá respondió: "¿Qué pasaría si el poder judicial no hubiese actuado? No hay ningún caso de corrupción desde los años ochenta que haya sido sancionado, perseguido, y sus responsables castigados por los propios aparatos de los partidos; quienes lo sacan a la luz son los jueces y los fiscales".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de enero de 2012