Álava y Bizkaia anunciaron ayer que ambos territorios esquivarán los efectos a la moratoria de un año en la aplicación de la Ley de Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros. La suspensión de un año del calendario de extensión de la norma que cierra la puerta a nuevos dependientes de grado moderado al sistema de ayudas.
Ambas diputaciones, gobernadas por el PP y el PNV, respectivamente, pasarán a costear todas las ayudas, una financiación que hasta ahora han compartido con el Gobierno central. Este sí seguirá pagando las ayudas de los dependientes más graves y las de los dependientes moderados que ya están recibiéndolas. Fuentes de la Diputación de Gipuzkoa explicaron ayer que están estudiando si pueden hacer lo mismo.
A pesar de los problemas de recaudación de las arcas forales, Bizkaia señaló ayer que tendrá que destinar 1,5 millones de euros más de los que estaban previstos inicialmente, ya que se estima que incorporarán 1.800 dependientes moderados nuevos.
La diputada alavesa de Bienestar Social, Marta Alaña, explicó en una rueda de prensa que la liquidación de 2011 para la prestación económica, la más demandada, será de 18,8 millones y ha señalado que en 2012 se han presupuestado 20,3 millones. En el caso de la ayuda a domicilio, se espera cerrar 2011 con 18,4 millones. Esta partida crecerá hasta los 20,2 millones.
El esfuerzo económico será notable, pero permitirá a Euskadi seguir estando en el grupo de comunidades que encabezan la aplicación de la normativa. Euskadi era una de las pocas que cumplía el calendario de extensión de la ley, con más de 6.000 dependientes moderados recibiendo ayudas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de enero de 2012