Primer acto del caso Gürtel tras su retorno a la Audiencia Nacional. La sección cuarta de lo penal, formada por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, presidió ayer la vista para decidir sobre la libertad del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en prisión provisional desde febrero 2009. Su abogado, José Antonio Choclán, defendió durante la sesión la libertad de su cliente, mientras que la Fiscalía Anticorrupción reclamó que siguiera encarcelado, en atención a la gravedad de los delitos imputados y al riesgo de fuga.
Correa ha reclamado su libertad en múltiples ocasiones desde el inicio de la investigación. La última vez, el instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, fijó para él una fianza de 15 millones de euros. El acusado no la abonó, así que permaneció en la cárcel, y la decisión de Pedreira fue recurrida por el propio Correa y por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ante la Sala de lo Civil y Penal del tribunal madrileño.
Sus magistrados anularon la fianza impuesta por el magistrado instructor y decretaron de nuevo la prisión provisional incondicional. Apreciaron el "evidente" riesgo de fuga, pero sugirieron que podría evitarse mediante "medidas de control electrónico", es decir, mediante una pulsera localizadora. Esa medida, prosiguieron, sería "menos gravosa que la privación de libertad". En resumen, el tribunal dejaba en manos de Pedreira la posibilidad de liberar a Correa para controlarlo mediante ese dispositivo electrónico. Pedreira pidió informes a las fuerzas de seguridad para que le garantizaran que, mediante la pulsera, sería posible mantener controlado al cabecilla de la trama, pero no lo garantizaron, por lo que el tribunal volvió a prorrogar la prisión incondicional.
Entre las razones dadas por el TSJM para justificar que prosiguiera el encarcelamiento de Correa se citaban "las enormes responsabilidades punitivas y civiles que se le reclaman", así como sus gestiones para sacar parte del dinero supuestamente defraudado de España, y su intención de instalarse en el extranjero antes de su detención.
Ayer, sin embargo, su abogado defendió su puesta en libertad sin que, según fuentes jurídicas, se haya referido a la posibilidad analizada anteriormente de colocarle la pulsera. Murillo, Martel y González darán a conocer su decisión en los próximos días.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de enero de 2012