El Departamento de Bienestar Social y Familia ha pedido a 87 personas discapacitadas que devuelvan unos 7.000 euros cada una porque durante varios años cobraron ayudas que eran incompatibles o complementarias. El departamento que dirige Josep Lluís Cleries reconoce que ha sido un error de la Administración, pero argumenta que, al tratarse de dinero público, la ley obliga a la Generalitat a exigir su devolución. El departamento ha enviado cartas a las familias afectadas, pero señala que no son de apremio, sino que se les informa de que deben devolver lo que cobraron indebidamente y se les facilitan un teléfono de contacto para negociar con la Administración la forma de hacerlo.
El departamento se ha comprometido a que la devolución no sea en ningún caso traumática y ha garantizado que a quienes no puedan hacerlo se les cobrará restándoles cantidades pequeñas, "de 10 euros mensuales si fuera necesario", una vez que cobren las ayudas de la Ley de la Dependencia. De los 87 afectados, 30 renunciaron a las ayudas de la dependencia, en algún caso porque las que ya cobraban sumaban un importe superior a las que se les ofrecían por este concepto, por lo que, ahora que ya no cobran una de las dos ayudas, deberán volver a tramitar la petición de dependencia.
Una de las personas afectadas, el vecino de Barcelona M. A. R. G, que padece una discapacidad de nivel 3 de gran dependencia, recibió a finales de 2010 el aviso de que debía devolver 7.377,60 euros porque desde 2002 había cobrado 240,40 euros mensuales del programa de apoyo a las dependencias. El derecho a cobrar esta prestación se extinguió en 2006, pero él siguió cobrando la ayuda "de manera improcedente". La familia de esta persona denunció el caso al Síndic de Greuges y presentó un recurso de alzada contra la decisión de la Administración. El departamento le ha ofrecido fraccionar la devolución, comprometiéndose a no cobrársela hasta que tenga adjudicada la ayuda de la ley de la dependencia.
"No todo el mundo está en la misma situación, por eso estamos hablando con cada usuario para analizar su situación y llegar a un acuerdo para ver qué cantidad se le puede descontar cada mes de la prestación de dependencia sin que afecte a su economía familiar", ha asegurado la portavoz del departamento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de enero de 2012