El PP cifró ayer entre 150 y 200 millones las comisiones que la Junta pagó como costes extraordinarios en la gestión de los ERE subvencionados. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tildó este corretaje que llevaron a cabo las consultoras Vitalia y Uniter en la tramitación de los expedientes de "ilegal y escandaloso". El PP situó el porcentaje "desorbitado, injustificable y fuera de mercado" de estos intermediarios entre el 15% y el 29% del coste total de cada ERE.
Los populares remitirán a la juez Mercedes Alaya las conclusiones de su estudio sobre las comisiones que abonó la Junta a través de las aseguradoras.
Debido a que el PP eleva los costos del fondo para empresas en crisis a 1.000 millones, al contar con los intereses generados y que la Junta aún debe, la cifra total de comisiones estaría fijada entre 150 y 200 millones. Sanz afirmó que ahora entendía por qué en el juzgado la fiscalía reclamó a un intruso que devolviera 100.000 euros que cobró y la Junta le pedía 400.000 euros.
El líder popular acusó a la Junta de estar implicado en el "monumental desfalco" contra los fondos destinados a los parados. Para Sanz, las comisiones suponen una nueva etapa en el caso y supera con creces los nueve millones que la Consejería estima defraudaron los intrusos.
El responsable de la consultora Uniter, José González Mata, acusó al PP de no discriminar entre Vitalia y su firma. "Es totalmente falso este porcentaje en Uniter. Nunca hemos percibido comisiones tan altas. Estoy cansado de que hablen sin soporte", afirmó. Los abogados de Vitalia rechazaron opinar al respecto.
Mientras, la empresa municipal Mercasevilla, que originó el caso, informó ayer de que ha detectado 1,9 millones en gastos externos "de dudosa licitud", lo que supondría unas comisiones y gastos injustificados del 22,5% de la prima. Este alto porcentaje ignora las cantidades pactadas en un contrato entre la empresa pública y Vitalia en 2003, que indicaban una cuota de 1.147 euros por cada empleado. Es decir, algo más de 45.000 euros. Los responsables de Mercasevilla han trasladado el informe que recoge estas sospechas a la juez.
Entre las irregularidades detectadas, el informe destaca el intento de incluir al intermediario imputado Juan Lanzas, la prejubilación del intruso y exdirigente socialista Antonio Garrido Santoyo, situaciones de invalidez y dos personas fallecidas cuyos herederos deben cobrar solo el 50% de la póliza.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de enero de 2012