No se debe esperar a ninguna Ley de Transparencia para mandar al juez la Administración de la Generalitat Valenciana bajo la dirección del ínclito Francisco Camps con su secuencia de despilfarros (fórmula 1, aeropuertos inútiles, visitas papales, Terra Mítica...) y de corrupción, con la secuela de la quiebra en perjuicio de servicios esenciales de educación, sanidad, atención a discapacitados, etcétera, que se traduce en una gran calamidad pública para la parte más débil de la población.
El concepto penal de la malversación de caudales o efectos públicos sanciona cuando se realiza con ánimo de lucro la mala utilización del erario público, que se agrava cuando reviste mayor daño o entorpecimiento al servicio público o si las cosas o efectos malversados tenían el destino de aliviar alguna calamidad pública.
Pero el efecto propaganda de lo que dice el PP para darse imagen de honestidad casa mal con el sostenimiento del alcalde de Alhaurín condenado por corrupción, la persistencia de Fabra o la arbitrariedad de Aguirre, condenada en el Tribunal Supremo por la M-506 y por dar el colegio público de El Álamo a la enseñanza privada concertada, quien se suma cínicamente al efecto penal a pesar de acomodar a los alcaldes manirrotos en la Asamblea de Madrid, como el de mi localidad, que dejó una deuda de más 100 millones.
Así, el PP convierte este cuento penal en una ocurrencia con difícil recorrido, más como añagaza para los colegas europeos, que tampoco para las agencias de rating.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de enero de 2012