El capital de la compañía que saldrá a bolsa se encuentra actualmente en manos de la Sociedad de Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La demanda de acciones ha sido comunicada hoy por la SEPI -principal accionista de Iberia- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el organismo supervisor instara a la compañía a hacer públicos los datos, que debían haber sido dados a conocer el pasado día 27.
El subtramo minorista general ha recibido 162.377 peticiones, por valor de 768,7 millones de euros (127.900 millones de pesetas), entre los que se distribuirán algo más de 263,2 millones de acciones, el 59,4% de toda la oferta.
La oferta en este tramo, después de la ampliación del mismo realizada hace unos días, oscila entre los 450 y los 518 millones de euros (entre 75.000 y 86.000 millones de pesetas), dependiendo del precio que se tome como referencia.
Esta situación, según han indicado fuentes del mercado, puede ocasionar que los inversores que hicieran peticiones altas -una práctica extendida en las OPV para beneficiarse de posibles prorrateos en demandas masivas- se les asigne una cantidad mayor que la que esperaban.
El periodo para que los inversores minoristas revoquen total o parcialmente sus madatos concluye, según el folleto de la OPV de Iberia, a las 14,00 horas de hoy.
En el tramo para los empleados se han alcanzado mandatos por valor de 138,8 millones de euros (23.100 millones de pesetas), en el institucional español unos 133,9 millones de euros (22.300 millones de pesetas) y en el internacional unos 128,8 millones de euros (21.500 millones de pesetas).
Entre estos tramos, la OPV de Iberia pretende distribuir 24,6 millones de acciones en el de empleados, 88,5 millones en el de institucionales españoles, y 66,4 millones de títulos entre los internacionales.
No obstante y según ha comunicado hace días la SEPI, hasta el próximo día 1 se podrá ampliar, hasta un máximo de 49,2 millones de acciones, el número de títulos asignado al tramo minorista, a costa de reducir las acciones de los tramos institucionales.
La OPV de Iberia comenzó el lunes 19 de marzo y concluirá el día 3 de abril, con el inicio de cotización de las acciones en la bolsa española.
La acción de oro
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para la aplicación del régimen de autorización administrativa previa, acción de oro, a la compañía aérea Iberia, con una vigencia de cinco años.
El ministro portavoz, Pio Cabanillas ha señalado que este decreto pretende que las decisiones de inversión que pueden afectar a Iberia queden sometidas a la protección pública que indica este régimen.
La acción de oro (golden share) se encuentra regulada por la Ley de Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas y supone que el Gobierno debe dar su visto bueno a determinados cambios accionariales de empresas privatizadas en un periodo concreto.
Cabanillas ha añadido que "este decreto ya ha sido aplicado en otras ocasiones a empresas públicas que se encontraban en una situación semejante a Iberia, es decir, en procesos de privatización".
El decreto aprobado hoy se aplica directamente sobre los actos concretos de enajenación de participaciones sociales que puedan hacer perder el control por el Estado a las sociedades mercantiles estatales.
Asimismo, se establecen los acuerdos sociales que quedan sujetos a este régimen, entre los que se encuentran la sustitución y cambio del objeto social, la disolución voluntaria de la compañía y la adquisición, incluso a través de terceros, de valores que puedan dar derecho, de una forma directa o indirecta, a la disposición de una cantidad igual o superior al 10%.
Este decreto entrará en vigor a partir del momento en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posea una participación de Iberia menor al 50%.