El ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha considerado "bastante sorprendente que determinadas entidades empresariales de gran nivel pretendan pedir compensaciones cuando la evolución coyuntural de las acciones no les conviene", como, a su juicio, han hecho los socios españoles de Iberia.
El ministro ha declarado que ese hecho "nos llevaría al contrasentido de que tuvieran que dar compensaciones al Estado cuando sus inversiones en empresas privadas son mejores que las previstas".
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El Gobierno, ha agregado Rato, "no entra a discutir por qué las compañías pujan las cantidades que pujan para los núcleos duros en determinadas compañías" y además, ha indicado el ministro de Economía, el Gobierno "espera planteamientos profesionales y serios de determinadas personas".
"Pagaron lo que ofrecieron"
El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, también ha criticado la exigencia presentada por el "núcleo duro" de la compañía a su sociedad. Ferreras ha dicho que sería "delito" revisar el precio pagado por los socios institucionales españoles por los títulos de Iberia, ya que "se acordó en concurso público y lo aprobó el Consejo de Ministros".
Tras el estreno de la compañía aérea en la Bolsa de Madrid, donde hoy ha debutado por debajo del precio de la colocación, Ferreras ha descartado que vaya a revisarse la cantidad abonada por el núcleo estable -más del doble de lo abonado por los particulares-, así como que vaya a ofrecérseles una compensación por esta diferencia. "¿Indemnizarles porque compraron al precio que ellos quisieron?", se ha preguntado Ferreras, quien ha añadido que "ellos pagaron lo que ofrecieron y nadie negoció nada".
Iberia cuenta con American Airlines y British Airways como accionistas industriales, al tiempo que el denominado núcleo estable está formado por Caja Madrid, BBVA, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación, que el año pasado pagaron 181.000 millones de pesetas por el 30% del capital de la empresa.
El presidente de la SEPI ha rechazado que exista un contrato que respalde la solicitud de estos accionistas y precisó que sólo hay un compromiso -firmado tres días antes del inicio de la operación- para analizar si tiene algún valor la prórroga pactada con ellos para retrasar la salida a bolsa de Iberia.
Para Ferreras, "otra cosa es que alguien esté empeñado en decir a los mercados que va a haber una revisión de precio para no afrontar su propia responsabilidad o su propia explicación de las cosas".
El presidente de la SEPI ha reconocido, además, que el acuerdo alcanzado tres días antes del inicio de la salida a bolsa no está registrado en el folleto informativo de la operación porque no afecta a Iberia, sino que "es un problema entre el comprador y el vendedor".
Las diferencias entre la SEPI y los accionistas institucionales españoles se dirimirán con la mediación de "amigables componedores", es decir, dos personas designadas por cada una de las partes que propondrán el valor de la prórroga, según Ferreras, quien ha insistido que "en ningún caso" analizarán una revisión de precios.
Para el presidente de la SEPI, estas diferencias no llevarán a la salida de estos accionistas de la compañía, porque tienen un acuerdo de permanencia que oscila entre tres y seis años, dependiendo de la empresa.
Además, Ferreras ha asegurado que el Estado mantendrá un porcentaje de la empresa si las entidades colocadoras no ejecutan la opción de compra que se les reservó -5,39%-, aunque ha precisado que será una participación "estrictamente financiera y temporal" y "no ejerceremos ningún derecho de tipo político".
Por su parte, el director general de Iberia, Angel Mullor, se ha refirido a la reclamación de los accionistas institucionales por el retraso de la Oferta Pública de Venta (OPV) y ha señalado que "es un problema exclusivo de la SEPI. Iberia nada tiene que hacer en este asunto".