El ex presidente de la compañía eléctrica estadounidense Enron, Kenneth Lay, ha aceptado declarar la próxima semana delante de dos de las comisiones que investigan las presuntas irregularidades de los directivos y la quiebra de la compañía, según ha confirmado su abogado a la cadena de televisión CNN. Lay comparecerá el próximo 14 de febrero ante la comisión de servicios financieros de la Cámara de representantes y después ante otra del Senado, ha señalado su representante legal, Earl Silbert, si bien no ha precisado la fecha de esta última.
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Hasta ahora, Kenneth Lay se había negado a comparecer ante ninguna comisión pese a que la Constitución estadounidense, con la quinta enmienda, permite a cualquier persona negarse a responder a las preguntas para evitar que sus declaraciones puedan ser usadas en contra suya en el marco de un proceso.
Este cambio de rumbo en la decisión de Lay llega justo después de que el Congreso emitiera ayer una convocatoria ejecutiva para su comparecencia, cuyo incumplimiento habría podido llevar a la cárcel al presidente de la compañía.
Arthur Andersen
Más de una decena de comsisiones y de subcomisiones paralamentarias investigan en este momento el caso Enron y una de ellas ya ha escuchado la declaración de Joseph Berardino, presidente de la empresa auditora Arthur Andersen, que supervisaba las cuentas del gigante eléctrico y que ha sido acusada de destruir documentos.
Berardino trató de restar importancia al informe realizado por un profesor de Tejas, William Powers, sobre las causas de que la mayor compañía energética del mundo se viniera abajo en pocos meses. Powers, que trabajaba por encargo del actual consejo de Enron, bajo tutela judicial, concluyó que se habían sumado varios factores, en los que insistió ante el Congreso: absoluto descontrol en la gestión, enriquecimiento ilícito por parte de directivos y falseamiento sistemático de la información proporcionada a los accionistas y las autoridades bursátiles.
Ahora, los parlamentarios esperan las explicaciones de Keneth Lay, así como de un notable número de altos cargos de la compañía para intentar desvelar cómo pudieron abandonar la compañía en quiebra con millones de dólares en sus bolsillos.
La bancarrota, convertida en apenas dos meses en un escándalo nacional, ha dejado sin trabajo a más de 4.000 personas, que han quedado también arruinados junto a muchos de los accionistas.