La Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las comunidades autónomas ha fallado hoy, por ocho votos a favor y cuatro en contra, que corresponde a la Comunidad de Madrid el cobro de los 33,22 millones de euros (unos 5.500 millones de pesetas) que Terra Networks pagó de impuestos por su ampliación de capital tras su fusión con Lycos. La compañía había abonado los citados impuestos en Cataluña tras el traslado a Barcelona de su sede social.
La Generalitat anuncia que recurrirá el fallo
En la resolución de la Junta Arbitral, se apunta que "se estima la reclamación formulada por la Comunidad autónoma de Madrid frente a la Comunidad Autónoma de Cataluña" y se declara que corresponde a la primera "el rendimiento del impuesto sobre Operaciones Societarias que grava el aumento de capital acordado por la junta general de Terra Networks".
Como principal argumento, la Junta basa su fallo en que "la casi totalidad de las pruebas acumuladas en este expediente" llevan a la conclusión de que Terra "no había llegado a trasladar su sede efectiva de gestión administrativa y dirección de negocios" en el periodo objeto de litigio.
A favor de la postura mantenida por Madrid han votado los cuatro representantes de dicha comunidad, tres del Ministerio de Hacienda y el presidente de la Junta. En contra lo han hecho los cuatro representantes de la Generalitat de Cataluña. El cuarto representante del ministerio se ha abstenido alegando motivos éticos, ya que en su día recibió una oferta de trabajo de la comunidad madrileña.
Cobro en suspenso
La Generalitat de Cataluña, de quien la Comunidad de Madrid cobrará ahora el impuesto ingresado indebidamente, recurrirá por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional el fallo, según ha manifestado el conseller de Economía y Finanzas, Francesc Homs. El cobro del impuesto por la comunidad de Madrid quedará así en suspenso mientras se resuelva este recurso.
Los 33 millones de euros (5.5527 millones de pesetas) que la compañía pagó en Barcelona por su ampliación de capital fueron reclamados por Madrid hace un año argumentando que la sede fiscal de Terra, cuando se escrituró la ampliación, estaba en la capital.
La disputa por los impuestos de Terra se centraba en el hecho de resolver dónde tenía la sociedad su domicilio fiscal cuando se escrituró la ampliación. Madrid argumentaba que Terra elevó a escritura pública la ampliación el 27 de octubre de 2000 y que en esa fecha su domicilio fiscal estaba en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Cataluña sostenía que Terra decidió cambiar su sede social a Barcelona, y que las empresas deciden libremente dónde sitúan su sede.