Las acusaciones y defensas del caso Banesto exponen en el Tribunal Supremo sus recursos a la sentencia dictada hace dos años por la Audiencia Nacional en la que condenó al ex presidente del banco, Mario Conde, a 10 años y dos meses de prisión por los delitos de estafa y apropiación indebida.
La sentencia, que analizaba la actuación de Mario Conde y su equipo al frente de Banesto y su intervención en la creación de un agujero de 605.000 millones de pesetas, también condenaba al ex vicepresidente Arturo Romaní, al ex director general Fernando Garro y al ex consejero Rafael Pérez Escolar.
La condena de Romaní asciende a 13 años y ocho meses de cárcel por dos apropiaciones indebidas y una estafa, en tanto que las de Garro y Pérez Escolar son de seis años para cada uno por apropiación indebida y por estafa y apropiación indebida, respectivamente.
En la sentencia, la Audiencia llegó a la conclusión de que los cuatro condenados "abusaron" de su cargo para enriquecerse a costa del banco, al que provocaron un quebranto de 7.150 millones de pesetas (42,97 millones de euros), que están obligados a devolver.
Desde entonces, Conde y Romaní se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 500 y 50 millones de pesetas, respectivamente, a la espera de que exista una sentencia firme. La Audiencia Nacional absolvió en su resolución a los otros siete procesados en esta causa, los ex consejeros Enrique Lasarte y Juan Belloso, el ex secretario del consejo Ramiro Núñez y los colaboradores Eugenio Martínez, Jacques Hachuel, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Sitges.
Sin embargo, las acusaciones han recurrido estas absoluciones, por lo que todos ellos podrían ser condenados si el Tribunal Supremo acepta esas alegaciones, que defienden, principalmente, que sí participaron en los artificios contables que permitieron ocultar el agujero patrimonial.
Conde pide la anulación
Conde, por su parte, pedirá la "anulación" de la resolución de la Audiencia Nacional por considerar que los peritos fueron "parciales" y que el juez instructor no fue de libre designación. Además, va a alegar cerca de 40 motivos para pedir la modificación de su condena, muchos de los cuales ya expuso en las cuestiones previas del juicio.
La defensa de Romaní intentará convencer al Supremo de que la Audiencia cometió contra él varias infracciones constitucionales y normas básicas y también de que la sentencia incurre en una "contradicción de hechos" en la operación denominada Cementeras, por la que fue condenado a cuatro años de cárcel.