El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó hoy Trasmediterránea al grupo integrado por la constructora Acciona, las navieras Matutes, Armas y Aznar, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
El presidente de la sociedad estatal, Ignacio Ruiz Jarabo señaló que la SEPI falló a favor del consorcio liderado por Acciona por ser quien ha presentado "la mejor oferta en términos de precio y de plan industrial". Asimismo, dijo que los ganadores del concurso también han presentado "las mayores garantías para asegurar el futuro de la compañía".
A la privatización de Trasmediterránea optaban otras cinco compañías y consorcios: el formado por la constructora Sacyr, el operador turístico Marsans y Ahorro Corporación; el integrado por la naviera Boluda y CVC Capital Partners; el encabezado por la naviera Balearia, que acudía junto a Astilleros Rodríguez; la empresa británica Sea Containers; y la francesa Stef-TFE.
La SEPI seleccionó al banco JP Morgan Chase como nuevo asesor para culminar la privatización de la naviera en sustitución del Santander Central Hispano Investment, cuyo mandato fue revocado a finales de junio para evitar un conflicto de intereses derivado de la presencia en el consejo del banco del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes y del empresario Juan Abelló, que a la vez tienen interés por hacerse con Trasmediterránea.
"Un amigo de Aznar"
El diputado socialista y vocal de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Antonio Cuevas, ha denunciado la adjudicación por considerar que se ha hecho a "un amigo del señor Aznar" como es Abel Matutes.
Según ha explicado Cuevas, el PSOE ha solicitado información sobre el proceso de privatización de la naviera y el PP no ha facilitado "absolutamente nada".
Cuevas ha dicho que la SEPI anunció que pospondría la adjudicación al próximo mes de septiembre, pero al final ha aprovechado el periodo de transición entre julio y agosto, cuando la gente está de vacaciones, para cerrar el proceso de venta. A juicio del diputado socialista se ha demostrado que ha sido un "proceso plagado de irregularidades" que hubiera merecido su paralización y su reapertura con una nueva base "sólida y transparente".
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha calificado de "escandalosa" la decisión de la SEPI. "El Gobierno se adjudica a sí mismo la venta de empresas públicas para convertirlas en empresas del entorno familiar y político del PP", ha dicho.