El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acusado al Gobierno de atacar la libertad de expresión después de la decisión tomada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de ayer de eliminar el límite que impedía a un socio tener más del 49% del capital. Zapatero ha anunciado la oposición total de su partido a tal medida.
"Hemos pasado del decretazo al televisazo", ha apuntado Zapatero, para quien ambas medidas "tienen la misma filosofía: menos derechos, menos libertad y una política de intentar concentrar todo el poder, en este caso de las televisiones".
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El dirigente socialista ha acusado al Gobierno de haber adoptado esta iniciativa "con alevosía y nocturnidad" y ha recordado que la supresión del límite del capital en el accionariado no estaba recogida en el Proyecto de Ley de acompañamiento a los presupuestos que fue remitido al Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado.
"Este es un buen ejemplo de una mala política para las libertades, para la pluralidad informativa y para el derecho a la información", ha recalcado el jefe de la oposición, que se ha mostrado convencido de que, desde el Ejecutivo, "ya están moviendo los hilos en las empresas para intentar controlar los medios televisivos". Zapatero ha enmarcado esta decisión del Consejo de Ministros en el intento del PP por lograr el "control absoluto de los medios de comunicación".
Segunda reforma
Es ésta la segunda reforma que experimenta el artículo de la Ley de Televisión Privada que regula las participaciones accionariales de sus socios. En 1998, y utilizando también la vía de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, se aprobó que una persona física o jurídica pudiera rebasar el 25% del accionariado en una cadena privada (tope marcado en la primera redacción de la ley 10/1988 de 3 de mayo) y ostentar hasta el 49% del capital.
La elimación del tope de 49% ha sido una demanda reiterada de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) como mecanismo para flexibilizar el régimen de obligaciones impuestos a los operadores privados, que veían en esta limitación una "restricción injustificada" y un freno en su gestión empresarial.