La Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha formulado una declaración de impacto ambiental favorable para que el grupo Villar Mir construya una planta regasificadora de gas natural licuado en el puerto exterior de Huelva, situado en el municipio de Palos de la Frontera (Huelva). Tras este necesario trámite para su construcción, que se espera que comience este mismo año, se prevé que la planta entre en operación en 2014.
La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, se ha dictado a la vista de la propuesta de resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y concluye que "siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones señaladas, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales".
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El promotor de la actuación es Energía y Gas de Huelva, S.A. (ENERGAS), empresa perteneciente al Grupo Villar Mir, responsable de la creación del complejo de almacenamiento y planta regasificadora, con la que se pretende satisfacer parte de la demanda de gas natural existente en España. Este grupo es el principal consumidor de gas natural de España, a través de diferentes empresas que lo componen en diversos puntos del territorio español.
El Grupo Villar Mir, poseedor de la empresa Fertiberia, es el primer consumidor industrial de gas natural de España, con un consumo anual de 550 millones de metros cúbicos, y el tercer consumidor industrial de electricidad.
La planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) constará de dos tanques de almacenamiento de GNL con una capacidad de almacenamiento neta de cada tanque de 150.000 metros cúbicos. Para la llegada del gas a la planta, que se realizará a través de metaneros, se prevé la construcción de un atraque, con una plataforma situada a 52 metros de la escollera límite de la parcela, de 14 metros de calado, que permite la descarga de buques de hasta 210.000 m3 de gas natural licuado de capacidad.
La tramitación del proyecto, que concreta medidas de control para evitar, entre otros riesgos, la emisión de gases o posibles vertidos, comenzó en 2001 y tras esta declaración favorable está a expensas de su aprobación definitiva por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria.