Los ecuatorianos regresarán a su país para tramitar en la Embajada española sus visados de residencia y trabajo, en virtud del acta bilateral firmada por España y Ecuador hace dos semanas. Para hoy sólo está previsto que viajen algunos de los inmigrantes que presentaron su solicitud en la Delegación del Gobierno de Murcia, aunque en los próximos días se les unirán los procedentes del resto de las comunidades autónomas. El primer vuelo ha salido ya para Quito hacia las 12.10 de este mediodía.
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Para estos viajes tendrán prioridad las personas con ofertas nominativas de empleo, frente a los que simplemente demandan un trabajo, de forma que su retorno a España se haga de la forma más rápida posible. En total se espera que esta semana vuelvan a Ecuador unas 210 personas, ya que el martes regresarán otros 20 y 100 más el miércoles de los 1.000 que han solicitado ya el retorno. Un número en todo caso insignificante comparado con la cifra de ecuatorianos clandestinos que, se calcula, hay en España: unos 25.000 según el Gobierno y no menos de 150.000 según la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui.
Desde el aeropuerto de Barajas, donde se ha embarcado el primer grupo de ecuatorianos, el embajador de Ecuador en España, Franciso Carrión Mena, ha anunciado que su Gobierno solicitará al Ejecutivo español la ampliación del plazo para solicitar el retorno, y que en principio termina el próximo 28 de febrero.
En el avión viaja también la Comisionada de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Rita Gortaire, para hacer un seguimiento de los trámites que los inmigrantes efectuarán en Quito. Gortaire ha expresado su deseo de que "todos los irregulares sigan el ejemplo de los de Murcia y se acojan a esta fórmula para estar legales".
Falta de garantías
El retorno no se ve con el mismo optimismo desde algunas asociaciones de inmigrantes. Ayer, desde la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahuique, su portavoz, Raúl Jiménez, denunció que "no están claras las condiciones" de la oferta y tildó de "absurda" la medida porque la tramitación "puede hacerse perfectamente en España". En este sentido, Jiménez ha solicitado una entrevista con el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda.
También muy crítica fue ayer la secretaria de Política Social y Migraciones del PSOE, Consuelo Rumí, quien calificó de "locura" la oferta de retorno voluntario e incidió en que supone "un gasto innecesario". Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, se sumó a las críticas a la Ley de Extranjería pero acusó al PSOE de realizar una "oposición dulce y blanda" por pretender negociar su reforma con el Gobierno, en vez de mirar "a su izquierda, donde están los sindicatos, las organizaciones sindicales e IU".
El Gobierno, por su parte, sigue insistiendo en que no reformará una ley que se acaba de aprobar. Su vicepresidente primero, Mariano Rajoy, insistió ayer en este punto aunque manifestó, en declaraciones a la agencia Europa Press, que su partido estaría dispuesto a sentarse a hablar con el PSOE cuando este partido, según sus palabras, "tenga un criterio unificado". Al parecer, el Ejecutivo estaría dispuesto a consensuar el reglamento de aplicación de la ley.