Los magistrados intervinientes en el Pleno han sido el presidente del TC, Pedro Cruz Villalón; el vicepresidente, Carles Viver Pi-Sunyer, y los magistrados Julio González Campos, Rafael de Mendizábal Allende, Tomás Vives Antón, Pablo García Manzano, Pablo Manuel Cachón Villar, María Emilia Casas Baamonde, Vicente Conde Martín de Hijas, Fernando Garrido Falla y Guillermo Jiménez Sánchez.
El voto discrepante lo ha emitido el magistrado Tomás Vives Antón, que estima que los recursos de Sancristóbal, de Hierro, Planchuelo y Saiz Oceja, y el de Hens y Corujo debieron estimarse ya que tienen derecho a la doble instancia judicial, a la que no han tenido acceso por haber sido directamente juzgados por el Supremo al verse arrastrados por el fuero de Barrionuevo.
Además, hay un voto concurrente de Pablo García Manzano respecto al recurso de Vera ya que aunque coincide en que se debe desestimar su recurso debió haber sido por motivos diferentes a los indicados en la sentencia.
Sólo se ha abstenido de intervenir Manuel Jiménez de Parga porque su hijo es abogado de Barrionuevo.
No hubo vulneración de los derechos
El Constitucional ratifica así las condenas de entre dos y 10 años de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo, por lo que será esta instancia la que decida en las próximas semanas si los condenados deben volver a prisión. Las penas dictadas fueron rebajadas sustancialmente por el indulto parcial concedido por el Gobierno a diez de los condenados -con la excepción de José Amedo y Míchel Domínguez-, que redujo las condenas en dos tercios.
Nueve de los condenados tenían suspendida la ejecución de la condena por el Constitucional desde diciembre del 98, y los otros tres, Francisco Alvarez, José Amedo y Míchel Domínguez, están ya en libertad condicional.
El Constitucional ha rechazado, de acuerdo con la Fiscalía, los tres grandes argumentos que los recurrentes alegaron: la vulneración de la presunción de inocencia, la prescripción del delito y las deficiencias de la instrucción realizada por el juez Garzón.
Los condenados que recurrieron en amparo al Constitucional, todos menos el ex policía José Amedo, fueron el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, el ex secretario del PSOE vizcaíno Ricardo García Damborenea, el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez, el ex jefe Superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, y los ex policías Julio Hierro, Francisco Sáiz Oceja, Luis Hens, Juan Ramón Corujo, y Míchel Domínguez.
Posible recurso
El abogado Manuel Cobo del Rosal, defensor del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, no descarta acudir al Tribunal Europeo de Estrasburgo ni a la Comisión de Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas para conseguir que se reconozca la inocencia de su cliente.
En un comunicado publicado esta noche, Cobo del Rosal señala que estudiará a fondo la sentencia del Tribunal Constitucional, y que tampoco descarta interponer un recurso de revisión, así como cualquier otra acción jurisdiccional amparada directamente por el ordenamiento jurídico español o a través de los tratados internacionales suscritos por España.
"En todo caso, y lamentablemente es bastante habitual, al menos en España históricamente, los procesos infames suelen terminar con sentencias no menos infames", dice el abogado.