El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha acusado hoy al Gobierno de querer aplicar "con cáracter "selectivo y discriminatorio" los juicios rápidos a los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en España y ha criticado que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presente ahora como "novedosa" esta medida que, según ha dicho, está incluida en el ordenamiento jurídico desde 1992. A su juicio, lo que hay que procurar ahora es su aplicación con carácter general, y no sólo en los casos de inmigrantes delincuentes como plantea el Gobierno.
En una conferencia de prensa, López Aguilar ha expresado su respaldo a los juicios rápidos argumentando que precisamente uno de los propósitos del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia es "incentivar" este tipo de procedimientos para "combatir la lentitud de la justicia".
En este sentido, ha explicado que el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de aplicar este tipo de juicios a los casos en que el delincuente sea aprehendido in fraganti en la comisión del delito, cuando su situación de libertad produzca alarma social o cuando la persona esté a disposición de la justicia por haber sido detenida.
Carácter general
Sin embargo, López Aguilar ha querido dejar claro que esos juicios rápidos no deben ser aplicados con carácter discriminatorio, sino con "carácter general", esto es, a todos los delincuentes que hayan cometido delitos que no revistan especial gravedad y en los que la pena no sea superior a los cinco años. Este requisito excluiría, ha aclarado, al ciudadano moldavo que cometió el crimen de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Por tanto, López Aguilar considera que los delitos no "muy complejos", con "simplicidad" en el supuesto de hecho y en los que la "dilucidación es muy evidente y no necesitan instrucción de sumario, el juicio rápido ya es posible en España desde hace casi diez años".
"No es concebible, desde el punto de vista constitucional, que los juicios rápidos vayan a ser aplicados selectivamente contra los extranjeros -ha recalcado-. El PSOE apoya todas las medidas para acentuar y agilizar la justicia pero no medidas selectivas que vayan en contra de las personas por su origen o nacionalidad".
Medios insuficientes
El responsable de Justicia socialista ha asegurado que hasta ahora los juicios rápidos han sido "escasamente" aplicados dada la "insuficiencia" de medios de que disponen los tribunales para llevarlos a la práctica, motivo por lo que es uno de los objetivos que se incluyen en el Pacto de Estado de Justicia suscrito por PP y PSOE.
Preguntado acerca de si el Gobierno promueve esta medida para expulsar inmediatamente a los inmigrantes indocumentados, López Aguilar ha recordado que la expulsión inmediata ya se recoge en la nueva Ley de Extranjería y ha añadido que es posible como medida de política criminal incentivar esta medida para descongestionar los centros penitenciarios. "El PSOE no se opone cuando sea compatible con las garantías del procedimiento. Siempre que se haga de manera personalizada e individualizada y no en masa".
Otras reacciones
Una actitud parecida a la del PSOE mantienen los sindicatos UGT y CC OO, que han exigido hoy al Gobierno, por boca de sus respectivas responsables de inmigración, que aplique este tipo de juicios rápidos a todos los delincuentes y no sólo a los inmigrantes.
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, opina que el Gobierno "vuelve a hacer hincapié sobre medidas coactivas, de limitación de los derechos, que ya han demostrado su ineficacia, además de su inhumanidad".
Llamazares cree que la actitud del Gobierno ante la inmigración es "ineficaz", ya que en vez de abordar la cuestión de una forma "integradora y positiva", su respuesta "vuelve a ser la amenaza y la expulsión". Frente a esta situación, IU opina que "no vale coaccionar y endurecer las medidas contra el inmigrante, lo que vale es, por una parte, endurecer las medidas contra las mafias, y, por otra, integrar al inmigrante social y laboralmente". Por tanto, Llamazares ha querido dejar clara la oposición de su partido a una medida de "dudosa constitucionalidad y dudoso talante democrático".
Desde el ámbito judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces y conservadora, ha aplaudido el anuncio del ministro del Interior. El presidente de la APM, Santiago Martínez-Vares, ha declarado hoy en El Escorial que los juicios rápidos se celebran en España con normalidad y que no ve ninguna razón por la que no puedan ser aplicados a los inmigrantes que hayan delinquido, "siempre que no se les vulnere ningún derecho fundamental".
El vicepresidente de la APM, José Luis Requero, ha ido más lejos al declarar que este tipo de proceso debería extenderse a otros ámbitos relacionados con la extranjería, como la expulsión administrativa, proceso que, si bien puede ser resuelto en un par de días, se alarga años si el inmigrante recurre su expulsión por vía judicial.
Según Requero, "si el legislador contempla que es de interés público que a un ilegal se le devuelva inmediatamente y no se le deje entrar o se le expulse de España, tiene que contemplar esa rapidez no solamente para el ejercicio de potestades administrativas, sino también en la vertiente judicial".