El juicio del caso de los fondos reservados se reanuda hoy con la contestación del fiscal y las acusaciones a las cuestiones previas planteadas por las defensas, quienes pidieron la semana pasada la nulidad de las actuaciones por irregularidades en la instrucción y vulneración de derechos fundamentales.
La Audiencia Provincial inició el pasado miércoles la vista oral por el supuesto uso irregular de fondos reservados, que sienta en el banquillo a los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y al ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal. Además, están acusados el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista, Francisco Alvarez, el ex director de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el ex gobernador civil de Vizcaya, Juan Ignacio López.
El fiscal Alejandro Luzón rebajó en el primer día del juicio la petición de penas para Corcuera, Sancristóbal, Francisco Álvarez y Juan Ignacio López. El representante del Ministerio Público acusa a Corcuera de un delito continuado de malversación de caudales públicos, y no de dos, como hizo inicialmente, y, además, ha tenido en cuenta que Sancristóbal, Alvarez y López ya devolvieron las cantidades que supuestamente percibieron por este concepto, 66, 15 y 7 millones, respectivamente. En concreto, el fiscal rebajó la petición de pena de 10 años y ocho meses de cárcel a seis años y un mes para Corcuera, de 10 años y ocho meses para Sancristóbal a tres años, de cuatro años a Álvarez a once meses y de cuatro años a diez meses de cárcel a López. Respecto a los otros acusados, el fiscal reclama una condena de siete años de prisión para Barrionuevo, ocho años para Vera y la misma para Rodríguez Colorado. Además, solicita penas de inhabilitación absoluta entre los dos y 20 años, que también ha rebajado para Corcuera, Sancristóbal, Alvarez y Colorado.
Nulidad de actuaciones
En la fase ya de cuestiones previas los abogados de los acusados alegaron que en el proceso se ha vulnerado el derecho a la defensa, a un proceso con todas las garantías y en algunos casos argumentaron que las imputaciones han sido tardías. El abogado de Corcuera, Leopoldo Torres, solicitó la nulidad de las actuaciones por entender que su cliente sufrió un "proceso inquisitivo, general y universal" durante la instrucción de la causa.
Por su parte, el defensor de Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, dijo que se ha vulnerado el derecho a la defensa porque, habiéndose admitido una querella contra él en abril 1995, no fue imputado en la causa hasta octubre de 1998, justo un mes después de perder su condición de aforado.
Tras la contestación del fiscal y las acusaciones a las cuestiones previas de las defensas, la Sala tendrá que resolver al respecto y, posteriormente, comenzará el interrogatorio de los acusados. Todos ellos al ser preguntados el primer día del juicio por el presidente del Tribunal si se consideraban autores de los delitos de malversación de los que se les acusa, negaron los hechos y proclamaron su inocencia. Únicamente Sancristóbal dijo que "sólo parcialmente". Éste confió en que su declaración pueda "aclarar aquellos aspectos en los que estoy de acuerdo y con los que no".