El fiscal Enrique Molina ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el ingreso en prisión incondicional por pertenencia a banda armada de 11 de los 12 miembros de Gestoras Pro Amnistía detenidos el pasado miércoles en el País Vasco y Navarra, y que han pasado a disposición judicial. Según informaron fuentes jurídicas, Molina ha pedido también a Garzón la puesta en libertad de Alejandro Velasco, detenido junto al responsable de Gestoras en Navarra Jesús María Beaumont, al considerar que no existen evidencias de una vinculación intensa de éste con Gestoras.
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El fiscal, quien fundamenta su acusación en el supuesto sometimiento de Gestoras a las directrices de ETA en asuntos como el control de los presos de la banda, pidió la prisión de los 11 miembros de Gestoras ante el riesgo de fuga por la gravedad de la pena a la que se enfrentan -que podría ascender a 12 años de cárcel- y ante la posibilidad de que destruyan pruebas.
Horas antes, la policía había dejado en libertad a Gaizka Larrinaga. Tras los interrogatorios a los que fue sometido, la Policía concluyó que no tiene relación ninguna con Gestoras.
Larrinaga , Velasco y los 11 acusados formalmente fueron arrestados en Bilbao en el transcurso de la operación Udazken (Otoño) dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la cúpula de Gestoras Pro Amnistía por un presunto delito de colaboración con banda armada.
Las identidades del resto de los 11 detenidos son Iker Zubía, Maite Díaz de Heredia, Julen Zelarain, Gorka Zulaika, Andoni Irastorza, Aratz Estonba, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Juan Antonio Madariaga, Jon Beaskoa, Josu Beaumont.
Tres ordenadores intervenidos
En relación con la operación del pasado miércoles, hoy se ha conocido que el juez Garzón ordenó la intervención de los ordenadores de tres abogados de Gestoras Pro Amnistía, aparatos que se encontraban en las zonas comunes de una de las sedes de esta organización.
Las computadoras pertenecen a los abogados Arantxa Zulueta, Zigor Reyzabal y Aitor Ibero y, al contener información propia de su labor como letrados, el juez ha consultado la medida adoptada con el Colegio de Abogados correspondiente.
No obstante, según las citadas fuentes, los ordenadores se encontraban en zonas comunes de la sede de Gestoras y no en despachos propios de los abogados, por lo que consideran que la medida es correcta, ya que los archivos informáticos podrían contener pruebas de la supuesta relación de Gestoras con ETA.