El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial de los funcionarios en 1997 y ha admitido el recurso de casación presentado por el Gobierno en contra del fallo de la Audiencia por entender que es "materia de personal", según fuentes de Comisiones Obreras (CC OO).
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La letrada del sindicato, Carmen Perona, ha confirmado que los cinco magistrados del Supremo que entienden del caso estuvieron reunidos hasta las 13.00 horas y tomaron esa decisión. Perona explicó que en los próximos 20 días presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de "vulneración de la tutela judicial efectiva".
La decisión la ha tomado la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El ponente designado ha sido Juan José González Rivas, mientras que en las deliberaciones han participado el presidente de la sala, Enrique Cáncer, y los demás miembros de la sección: Fernando Martín, Nicolás Maurandi y Ramón Trillo.
La Audiencia Nacional dio la razón hace un año a Comisiones Obreras y anuló la congelación salarial decidida por el Gobierno en 1996, plasmada en los Presupuestos del Estado del año siguiente.
La sentencia condenaba al Gobierno a pagar cerca de 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas) en concepto de atrasos a 2,2 millones de empleados públicos.
Cuestión de personal, no política
El sindicato solicitó al Supremo que no admitiera a trámite el recurso del Gobierno con el argumento de que la sentencia de la Audiencia trataba sólo de una cuestión de personal y no de una superior de política económica. Es decir, para Comisiones Obreras, el Gobierno incumplió un pacto firmado con los sindicatos en 1994 para que los funcionarios recuperaran poder adquisitivo pese a que aquel acuerdo tenía fuerza de ley.
El Ejecutivo, en su recurso, argumenta que la congelación salarial sí fue una decisión de política económica, y así se lo hizo saber a los sindicatos en 1996 el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Esa reunión informativa fue considerada por la Audiencia como un acto administrativo con el que se contravino el pacto firmado con los sindicatos por el último Ejecutivo socialista.