Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han presentado esta mañana sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de la congelación salarial de los empleados públicos impuesta por el Gobierno en 1997.
En los recursos presentados, las centrales sindicales argumentan que el Gobierno vulneró el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, derecho recogido en el artículo 28 de la Constitución Española. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, ha explicado que existe la posibilidad de que sea inconstitucional el artículo 17 de los Presupuestos de 1997, porque el Gobierno "hurtó la posibilidad de que el Parlamento decidiese si optaba o no por incrementar los salarios de los empleados públicos".
Además, este sindicato cree que se vulnera la tutela judicial efectiva, porque en su momento la Audiencia Nacional determinó que no hubo negociación salarial, extremo reconocido incluso por el Gobierno y que posteriormente fue modificado por el Tribunal Supremo.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha anunciado que en caso de que el Constitucional no dirima en favor de los empleados públicos, el sindicato se personará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo.
Tres o cuatro años más
Según Lacuerda, la sentencia del Constitucional puede retrasarse entre tres y cuatro años, lo que prolongaría un conflicto que se remonta a 1997. Durante ese ejercicio, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, tomó la decisión administrativa de congelar el salario de los empleados públicos.
Ante esta medida, UGT presentó un escrito ante el Tribunal Supremo que fue aceptado por esta instancia judicial, en tanto que el de CC OO fue rechazado y enviado a la Audiencia Nacional. El 23 de enero de 2001, esta instancia resolvió la demanda de CC OO, dio la razón a los empleados públicos anulando la congelación salarial de 1997 y obligó a la Administración a negociar los incrementos retributivos de ese año y los posteriores.
El fallo de la Audiencia fue recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Supremo, que el 26 de febrero de 2002 emitió un fallo con el que anuló la sentencia de la Audiencia Nacional, así como desestimó la demanda interpuesta años atrás por UGT.
Ambos sindicatos recuerdan que el Ejecutivo impuso la congelación salarial de los empleados públicos en 1997 y que esa decisión fue aprobada por el Parlamento en los Presupuestos para ese año, a pesar de que existía un acuerdo suscrito entre la Administración y los sindicatos que obligaba a la negociación de incrementos salariales superiores al IPC previsto.