El grupo parlamentario del Partido Nacional Vasco (PNV) en el Congreso considera que el anteproyecto sobre la Ley de Partidos contiene "severos problemas de constitucionalidad" y está redactado con una "inspiración filosóficamente antidemocrática" que "expropia" fraudulentamente competencias exclusivas de la jurisdicción penal.
Los nacionalistas extraen estas conclusiones de un informe jurídico sobre el proyecto que han dado a conocer esta mañana y en el que reafirman los argumentos en contra de esta iniciativa que los dirigentes del PNV han esgrimido desde que se conoció la iniciativa.
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El documento rechaza considerar la no condena de la violencia como causa de la ilegalización de partidos porque "la no condena de la violencia constituye una conducta éticamente reprochable, pero que no puede ser considerada delictiva, ya que ningún precepto del Código Penal la considera delito".
El informe añade que no condenar la violencia "no es una obligación legal" aunque pueda ser un requerimiento moral, ya que "ningún precepto del ordenamiento jurídico le atribuye el carácter de obligación o deber legal" y no puede tener consecuencias punitivas. El escrito deja claro que con esta reforma legal el PP pretende ilegalizar Batasuna después de haber constatado que los intentos judiciales en este sentido resultaban "estériles", y por ello ha buscado "otro procedimiento" que "prescinde" del Código Penal.
Tras recordar que las únicas posibilidades para declarar ilegal una organización política están recogidas en el artículo 515 de este código, y sólo por decisión de un juez penal, el análisis del PNV subraya que el anteproyecto pretende "eludir los estrictos requerimientos del principio de legalidad penal" estableciendo causas de ilegalización no contempladas en este artículo y además con una redacción "absolutamente valga y deletérea".
El sistema previsto para promover la ilegalización a instancias de 50 diputados, 50 senadores, del Gobierno o del Ministerio Fiscal, configuran un sistema mixto que el informe entiende que "carece absolutamente de encaje en el ordenamiento jurídico español".
Libertad política y de expresión
El documento analiza la exigencia a los partidos de que asuman los principios democráticos y los valores constitucionales para señalar que "la expresión valores constitucionales no es neutra ni es idéntica a la expresión principios democráticos". Por ello, entiende que esta mención "encaja con dificultad en derechos fundamentales" consagrados por la propia Constitución, y relativos a la libertad política y de expresión.
Respecto a las causas de ilegalización, aborda también la prevista para las organizaciones que fomenten o propicien "la violencia, el odio y la confrontación social y la creación de un clima social degradado de enfrentamiento y exclusión aunque se utilicen procedimientos democráticos para contribuir activamente a la deslegitimación de los mismos o la impugnación de la legalidad".
El documento del PNV remarca la contradicción que supone afirmar la posibilidad de usar métodos democráticos para la desaparición de la democracia, y entiende que la formulación del supuesto es "tan genérica" que contradice principios constitucionales fundamentales como el de legalidad y seguridad jurídica.
El informe del PNV concluye que el anteproyecto "se erige en otra vuelta de tuerca contra un sistema de libertades públicas que se pueda considerar convencionalmente democrático" además de constituir "un nuevo intento de creación de un derecho punitivo, no del ciudadano, sino del enemigo, lo que el gran penalista alemán Jacobs considera la peor de las fórmulas para resolver los problemas de la sociedad".