El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta mañana que los socialistas promoverán una campaña informativa contra la reforma de la protección por desempleo, aprobada por el Gobierno por decreto ley y que entra hoy en vigor, y pedirán un debate en el Congreso para que el Ejecutivo explique las razones de su iniciativa.
En una conferencia de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal, Rodríguez Zapatero ha exigido al Gobierno que presente en el Congreso una "comunicación" sobre la situación del mercado laboral acompañada de un informe del Consejo Económico y Social.
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El líder del PSOE, que no renuncia a la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha criticado la decisión del Gobierno de aprobar por decreto ley la reforma de la protección por desempleo y ha asegurado que los españoles no quieren hooligans políticos, sino "un Gobierno que explique y escuche".
Zapatero, además, ha señalado estar más preocupado por el "horizonte de confrontación social" que pueda existir tras el 20 de junio que por la propia huelga general.
La reforma diseñada diseñada por el Gobierno de José María Aznar y aprobada el pasado viernes por la vía de la máxima urgencia ha entrado hoy en vigor.
'Acelerón'
En principio, el Gobierno esperaba que las medidas estuviesen vigentes en enero del año que viene. La justificación para este acelerón la dio el viernes, tras el Consejo de Ministros, el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio: "Hay que evitar efectos perniciosos e inseguridad sobre el empleo y el mercado laboral", y "no es bueno seguir con procesos abiertos y con expectativas que no contribuyan a la mejora de la contratación".
Hasta el viernes, el Ejecutivo tenía previsto mantener reuniones con los consejeros de las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP, CiU (Cataluña) y Coalición Canaria, y con la Federación de Municipios y Provincias para debatir la reforma. Ahora, con la puesta en marcha de la reforma vía decreto ley, proseguirán las discusiones, según Aparicio, pero con la norma ya en vigor.
Tanto la izquierda como los sindicatos han reaccionado en las últimas horas antes las declaraciones de Aznar al respecto de la huelga explicando que el talante "autoritario" del presidente de Gobierno garantiza el éxito de la protesta.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que ayer inició en la localidad madrileña de Leganés una campaña de apoyo a la movilización, declaró que "Aznar está contraponiendo los votos de la mayoría absoluta del PP a nuestros derechos, expropiando el derecho del desempleo y negando nuestros derechos democráticos, como es el ir a la huelga".
Mediación a la huelga
CC OO y UGT han presentado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) sendas solicitudes de mediación ante la huelga general convocada para el 20 de junio. Esta solicitud es un procedimiento formal al que los sindicatos están obligados por el Acuerdo Interconfederal de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), suscrito entre la patronal y los sindicatos.
Ambos textos, prácticamente idénticos, informan de que la huelga "tendrá lugar durante la jornada del 20 de junio de 2002, comenzando a las 00.00 horas y terminando a las 24.00 horas del citado día 20".
En su solicitud de mediación, CCOO propone como mediador al catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Valdés Dal Ré, en tanto que UGT designa a Rosario Gallardo Mora, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Precisan que durante la jornada del día 19 "únicamente cesarán en su actividad laboral y funcional los trabajadores y funcionarios cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos inmediatos el día 20".
Los sindicatos tienen previsto continuar con los trámites de la huelga general el próximo lunes, cuando remitirán el preaviso al Palacio de la Moncloa, a los Ministerios de Administraciones Públicas y Trabajo, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y a las patronales CEOE y CEPYME.