El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha deslizado hoy algunas de las medidas que podría incluir la futura reforma de la Ley de Extranjería. El titular de Interior ha sugerido que para luchar contra la inmigración ilegal el Gobierno estudia la ampliación de la necesidad de visado a ciudadanos de países que hasta ahora no lo necesitaban para entrar en España.
De esta forma, en opinión del ministro, se impediría "que legales se conviertan en ilegales". Además Rajoy ha confirmado la intención del Ejecutivo de tener cerrada la reforma "este año", según ha dicho en Antena 3.
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Rajoy también ha incidido en la necesidad de un visado común para los quince paises que componen la Unión Europea. "Un modelo de visado común europeo, oficinas consulares comunes en la UE, una política europea de fronteras y la mejora de los procedimientos de expulsión" son los ejes sobre los que debería bascular la reforma de la Ley, que implicaría también cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, según ha dicho.
Sobre la posibilidad de que la modificación elimine los mecanismos de regularización por arraigo, para lo que se requiere una permanencia en el país de cinco años, ha dicho que España "marcará el criterio que fije la UE" y advirtió que la inmigración "va a exigir un proceso constante de modificaciones de las legislaciones".
A su juicio, el derecho de reagrupación familiar "tiene que ser en toda Europa el mismo" y la posible modificación de lo que recoge la ley española, que lo contempla para ascendientes y descendientes en primera línea de consanguineidad, "es un tema que habrá que ver".
El ministro ha coincidido con Alemania e Inglaterra en la necesidad de que los inmigrantes tengan que conocer la lengua porque, ha dicho, "si quieren vivir aquí y reclamar sus derechos tendrán obligaciones como aprender a hablar el idioma nacional" porque esa, ha agregado, "es la esencia de la integración".
Fracaso de la Ley de Extranjería
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, ha admitido esta mañana que la Ley de Extranjería, aprobada en el Parlamento en el año 2000 y reformada por el Gobierno a finales de ese año, "no está dando los resultados esperados, por lo que es conveniente hacer mejoras". Ante este endurecimiento de la legislación que prepara el Gobierno, ATIME ha señalado que la actual ley ya "está en el límite del Estado de Derecho".
En un acto con corresponsales extranjeros, Aparicio ha explicado que la reforma de la ley debe basarse en el establecimiento de contingentes -puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos por los nacionales de un país y los extranjeros residentes- y en la contratación de inmigrantes en origen.
A su juicio, ese esquema es la mejor manera de respetar los derechos de los trabajadores extranjeros y debe aplicarse tanto para empleos temporales como indefinidos. El ministro ha subrayado que lo que pretende evitar el Ejecutivo es la proliferación de flujos de inmigración irregular desordenada, lo que no es deseable, "ni para el país de origen ni para el de destino".
Recursos pendientes
Por su parte, Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) en España, Mustafá Mrabet, ha afirmado que el actual texto ya "está en el límite de lo que es un Estado de Derecho y de las obligaciones de un Estado con los ciudadanos que vienen a trabajar conforme al ordenamiento jurídico español".
De hecho, según ha recordado Mrabet, contra la ley en vigor hay varios recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver. Además, el presidente de ATIME ha asegurado no entender la intención del Gobierno de reformar esta ley para facilitar la expulsión de inmigrantes, cuando "a los marroquíes se les expulsa con las ropas mojadas del Estrecho y a los de otros países, como Nigeria, también se les expulsa".